Los ajustes en el Gobierno Regional de Coquimbo no
paran tras el escándalo por la compra de terrenos bautizado
como «Papaya Gate» y a la Intendencia se sumaron dos
funcionarios para reforzar los cargos de Administrador
Regional y la jefatura en la División de Planificación y
Desarrollo Regional (Diplan).
El primero es Felipe Pinochet, ex profesional de apoyo de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, que asumió el puesto de Administrador Regional, cargo vacante que ocupó José Cáceres, quien había dimitido antes de que explotara el caso, aunque también existe una investigación desformalizada en su contra.
Pinochet es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez y posee un magister en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios en la Universidad de Chile. Antes de su paso por más de dos años en la SeremiTT, fue gerente de operaciones en la cadena de ferreterías Dabed, y se desempeñó como ingeniero de proyectos en la Dirección de Ae-
ronáutica Civil, además de ingeniero de gestión de proyectos para Inmobiliaria Norte Verde.
Por su parte, Milton Duarte es ingeniero agrónomo de la Universidad de La Serena y ocupará la jefatura de Diplan.
Antes de su arribo al GORE, estaba a cargo de la coordinación del Programa Zonas Rezagadas y fue otrora gobernador de la provincia Limarí.
Desde que asumió el Intendente, el arquitecto Pablo Herman ha realizado movimientos al interior del GORE, mientras avanza la investigación por el caso «Papaya Gate». Parte de estos cambios involucraron las solicitudes de renuncias a Rocío Ramírez, quien ocupaba el cargo de jefa de División de Presupuesto, además del jefe del Departamento Jurí-
dico, Eduardo Espinoza.
Rocío Ramírez, jefa de División de Presupuesto e Inversión Regional, había llegado en marzo del 2018 como asesora directa de la ex Intendenta Lucía Pinto. En tanto,
Eduardo Espinoza había llegado al puesto, posterior a la renuncia de Rodrigo Fernández Portaluppi, quién había asumido como Director del Trabajo.
Actualmente, el Gobierno Regional es investigado por al menos dos transacciones que no contaron con la toma de razón de la Contraloría General de la República. El primero en salir a la luz fue la compra del terreno para el futuro hospital de Coquimbo, hecho por trato directo, con una inversión de más de 6 mil millones de pesos, que fue objetado por la entidad fiscalizadora.
En segundo lugar, fue la compra del terreno para el futuro centro deportivo en San Ramón, conocido como el «Papaya Gate», que terminó con la salida de la ex intendenta, luego que la Fiscalía iniciara una investigación por presunto fraude al fisco.
