Pescadores presentan en nuevo recurso ante Tribunal Constitucional

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Según replicaron en medios nacionales la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros se dirigieron al Tribunal Constitucional porque argumentan que no es una responsabilidad del Servicio de Evaluación Ambiental el contar con una guía metodológica para estudiar las obras.

El extenso camino que ha tenido que atravesar el proyecto minero portuario Dominga, que pertenece a la empresa Andes Iron, no ha estado exento de trabas ni complicaciones para que se pueda determinar si es viable o no y poder ver la luz para comenzar con una posible construcción en cerca de la comuna La Higuera.

El proyecto actualmente se encuentra en la Corte Suprema, donde Oceana y otras organizaciones ambientales y particulares presentaron un total de 6 recursos de casación para revertir la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ordenó retrotraer el proceso de evaluación ambiental a la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo. Esto último, tras considerar ilegal la actuación del Comité de Ministros.
A este escenario se suma un nuevo frente, luego de que la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, sector cercano a la zona en donde se construirá el puerto incluido en la iniciativa, presentara un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.

En el documento se solicita dejar sin efecto el veredicto de la autoridad ambiental por considerar que se infringe la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.
Los pescadores apuntan a que en uno de los artículos de esta normativa que aplicó en su fallo el Tribunal Ambiental de Antofagasta se señala que debía ser responsabilidad del Servicio de Evaluación Ambiental el considerar la existencia de una guía metodológica a la hora de evaluar el proyecto, en circunstancias que solo semanas antes se había aprobado una iniciativa similar a solo kilómetros donde estará el puerto de Dominga.
Según la interpretación de la defensa del gremio de pescadores, la herramienta para uniformar los criterios o exigencias técnicas asociadas, es sólo una opción, y no debería ser considerada como una obligación para la administración. Este argumento fue utilizado por el tribunal para retrotraer la evaluación.

«De este modo, el reglamento muestra que hay una obligación, que es para los titulares, de observar los criterios y no para el servicio de uniformarlos, pues como señala el artículo 4º RSEIA, el Servicio ‘podrá’ hacerlo», señala el recurso presentado por el abogado Diego Lillo. El Tribunal Constitucional decidirá si acoge o no a trámite la solicitud realizada por los pescadores. De hacerlo, el recurso de casación en la Corte Suprema será suspendido mientras dure este nuevo proceso.

De concretarse, Dominga, ubicada en la comuna de La Higuera, demandará una inversión de US$ 2.500 millones. El proyecto contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre.

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