Salud responde a informe de Contraloría por residencias sanitarias

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«Se hizo imperiosa la habilitación de residencias sanitarias, bajo esa necesidad
se implementaron de manera rápida, ante una escasa oferta de recintos».

En la edición de este miércoles, LA REGIÓN evidencia una serie de irregularidades que fueron detectadas por la Contraloría respecto a la habilitación de residencias sanitarias, como el pago de sobreprecios y por habitaciones no ocupadas, así como también fallas administrativas. Desde el Servicio de Salud Coquimbo, organismo que tenía a cargo las unidades en aquel momento, señalan que el proceso sigue su curso, «aún estamos con plazo vigente y trabajando en aclarar observaciones, las que en gran parte ya fueron subsanadas y validadas por Contraloría».

Una investigación realizada por la Contraloría General de República, entre marzo y junio del 2020, fechado y despachado por la entidad fiscalizadora el 28 de enero, contiene lapidarias conclusiones sobre el manejo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales respecto a las residencias sanitarias.

En el caso de la región de Coquimbo, son tres los informes realizados por la entidad contralora a las residencias sanitarias, que en esa fecha estaban a cargo del Servicio de Salud Coquimbo.

Se trata de las Cabañas Chunchiñí, en Illapel; el internado del Liceo Gregorio Cordovez (socio sanitaria), el hotel La Serena Plaza y la Boutique Suri, en La Serena; el Hotel American y el Anakena, en Ovalle; y cabañas Las Rosas, en Salamanca.

Dentro de las irregularidades encontradas por Contraloría figura que se determinó que la selección de los proveedores y las condiciones de las contrataciones en revisión no se sustentó en criterios objetivos, como proyección, demanda, ubicación, análisis de oferta, precios, cantidad de residencias, entre otros, validados por la entidad contratante
Además, se verificó que las contrataciones no se ajustaron a las instrucciones impartidas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que instruía a los directores de Servicios de Salud, entre otras materias, que respecto a la contratación de residencias sanitarias, los pagos que se realicen se efectuaran sólo por habitación efectivamente utilizada.

Las situaciones expuestas implicaron que esa repartición pública, al 30 de junio de 2020, incurriera en un costo de $ 19.366.000, correspondiente a un 80,83% de capacidad ociosa, es decir, por camas y habitaciones no ocupadas.

Además hay pagos improcedentes, egresos de pacientes sin documentación de respaldo desde las residencias sanitarias, falta de control administrativo por parte del Servicio Salud Coquimbo, deficiencias de control en la contratación de personal médico; carpetas incompletas de pacientes atendidos.

También en relación a las contrataciones a honorarios del personal médico para las residencias sanitarias de las provincias de Elqui, Choapa y Limarí, se verificaron pagos por días no trabajados, entre otras irregularidades.

«Se implementaron
de manera rápida»

Consultados al respecto, el Servicio de Salud Coquimbo emitió una declaración en donde señalan que la Contraloría ha llevado a cabo un proceso de fiscalización nacional a todas las residencias sanitarias administradas por los 29 Servicios de Salud del país, entre los que se encuentra la región.

«Como Servicio de Salud Coquimbo tenemos la confianza de que desde el inicio de la pandemia se ha actuado de forma correcta y siempre pensando en responder de la mejor forma a las necesidades de la comunidad frente a una crisis sanitaria mundial», señala la declaración.

Explican que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció a nivel internacional que se implementara la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, como una forma efectiva de frenar los contagios de Covid-19, «fue en ese contexto que se hizo imperiosa la habilitación de residencias sanitarias, para favorecer esto último. Bajo esta necesidad, las residencias se implementaron de manera rápida, ante una escasa oferta de recintos, siendo cada una de ellas reguladas por la normativa que nos rige», puntualizan.

«Es importante mencionar que lo consultado es parte de un proceso administrativo que sigue su curso, por lo que aún estamos con plazo vigente y trabajando en aclarar observaciones, las que en gran parte ya fueron subsanadas y validadas por Contraloría», concluyen.

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