Para abogado experto en derecho ambiental, en esta ocasión cree que la Corte Suprema cerrará el debate «y con sabiduría reestablecerá el Estado de Derecho en materia ambiental».
Por René Martínez Rojas
Para muchos, el fallo del Tribunal Constitucional -del día miércoles- allanó el camino para el proyecto minero-portuario Dominga, que busca emplazarse en la comuna de La Higuera, con una inversión inicial de 2.500 millones de dólares.
Esto, luego que El Tribunal Constitucional (TC) resolviera el conflicto de competencias entre el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental (1TA) sobre el proyecto minero-portuario Dominga. En la sentencia, rechazó la contienda promovida por el Comité, validando las actuaciones del 1TA en la fase de ejecución de su fallo de diciembre de 2024.
Con esta resolución, qué falta para que minera Dominga comience su construcción.
Si bien fue un revés para el Gobierno, la batalla legal aún no termina. Y a juicio de Jorge Andrés Cash, abogado experto en derecho ambiental, exfiscal del ministerio del Medio Ambiente y socio de JACS consulting, «el problema es que desgraciadamente no es una batalla legal, sino que una guerra unilateral del Estado de Chile en contra de un particular, respecto de un proyecto que ha cumplido las exigencias técnicas que le han sido impuestas en cada una de las instancias en que ha sido examinado».
Recuerda que le tocó formar parte de la discusión que creó la institucionalidad ambiental vigente, como del diseño e implementación de los tribunales ambientales, «y es muy triste ver el daño que se le ha provocado, especialmente por parte de la administración. Esto, porque no ha existido miramiento alguno respecto de una institucionalidad que, aunque perfectible, tardará probablemente años en recuperar la legitimidad que ha ido conquistando».
A juicio de Cash «tan evidente es la desidia e indolencia sobre este punto por parte del Ejecutivo, que el único proyecto de ley (boletín Nº 16.204-12) que precisamente se ocupa de cerrar la discusión contencioso administrativa ambiental pasó rápidamente a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados en enero de 2024, luego de una ejemplar y eficiente tramitación en el Senado y nunca más registró avance ni fue objeto de urgencia por parte del Ejecutivo».
No más debate
De acuerdo al fallo del primer tribunal ambiental de Antofagasta, hoy el proyecto mantiene su condición de calificación favorable, por lo que puede iniciar su construcción y continuar adelante con los permisos que anunció tramitar.
Sin embargo, el riesgo que surge, para todos los que cuentan con RCA aprobada, «es que la certeza de la ejecución material del proyecto sin contratiempos asociados a la legalidad del permiso, solo es posible obtenerla cuando dicha RCA se encuentra firme y ejecutoriada, -no proceden más recursos en su contra o, procediendo, no se interpusieron– razón por la cual, el riesgo que, iniciada las obras y desplegados los esfuerzos humanos, técnicos y materiales, la RCA pueda ser dejada sin efecto, implicando asumir relevantes costos económicos y dejar a muchas personas y familias sin trabajo».
Respecto a si queda algún fallo pendiente de la Corte Suprema, explica que «todos debemos cuidar el tono y la forma en que nos referimos a las resoluciones de los tribunales de justicia, especialmente de la Corte Suprema que, en materia ambiental, ha intentado, no exenta de dificultad, abordar los vacíos normativos e institucionales que persisten. Ha cumplido un rol ordenador en distintas causas emblemáticas en materia ambiental y probablemente ahora intentará lo mismo al momento de resolver los recursos de casación pendientes, atendido que los proyectos de ley no avanzan y el mundo político transforma esta discusión en consignas que poco contribuyen».
Lo cierto es que el último escollo para que Dominga pueda iniciar la construcción es un fallo pendiente de la Corte Suprema, el cual podría cerrar definitivamente el flanco ambiental.
«En esta ocasión, creo que la Corte Suprema cerrará el debate y con sabiduría reestablecerá el Estado de Derecho en materia ambiental», admite el abogado.
