La exprocuradora reveló que investigación sobre exhumaciones sin consentimiento fue frenada en 2020. La funcionaria fue desvinculada tras negarse a alterar documentos, mientras la institución firmaba acuerdos con familias para evitar demandas.
Un expediente que desaparece, documentos que se ordena modificar, cuerpos exhumados sin autorización y familias compensadas a cambio de silencio. Eso es lo que rodea al caso del cementerio de Las Compañías, según el relato de Pamela Castillo, exprocuradora del Departamento Jurídico de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CGGV), quien lideró parte de una investigación interna que fue deliberadamente detenida por orden de superiores jerárquicos.
Castillo, quien trabajó en la corporación entre 2017 y 2022, relata que en 2020 detectó la existencia de una indagatoria inconclusa por exhumaciones irregulares. Le llamó la atención que no existiera la carpeta física del sumario —habitual en estos casos— y que nadie pudiera explicar su estado. Lo que parecía un simple atraso terminó revelando una cadena de irregularidades más profunda.
El expediente olvidado
Tras indagar por su cuenta, logró contactar a la fiscal de la investigación, Jenny Concha, quien le confirmó que todo había sido entregado al Departamento Jurídico el 8 de julio de 2020. La vista fiscal proponía sanciones a directivos por graves fallas administrativas en el cementerio. Pero nunca se dictó una resolución final. La investigación, simplemente, se guardó en un pendrive.
«El expediente no estaba en ninguna parte. Cuando consulté a una abogada del departamento, me ordenó no seguir con ese proceso. Lo más grave es que ya todo se había entregado y nadie hizo nada», relató.
Cuerpos mal identificados y muestras de ADN
El caso volvió a tomar fuerza en noviembre de 2021, cuando llegaron nuevas denuncias de familias que afirmaban que los restos entregados no correspondían a sus seres queridos. Las muestras de ADN confirmaron lo impensable: uno de los cuerpos era correcto, pero el otro no tenía correspondencia con los parientes, lo que indicaba una mezcla más amplia e incierta en el cementerio.
«El resultado del ADN derrumbó la hipótesis de un simple error entre dos familias. Significaba que había restos ubicados en cualquier parte del cementerio, sin ningún control», explicó Castillo.
Sumario administrativo y represalias
A la luz de los antecedentes, redactó una resolución proponiendo un sumario administrativo contra altos funcionarios, incluyendo al entonces director del Departamento de Administración y Cementerios, Pablo Salazar. El documento fue visado por el departamento jurídico y forma parte de la causa judicial.
Posteriormente, envió una carta denuncia al exsecretario general de la CGGV, Ernesto Velasco, exponiendo toda la situación.
Poco después fue trasladada a otro recinto y luego despedida por «necesidades de la empresa», motivo que fue rechazado por el Juzgado Laboral, que ordenó indemnizarla. Hasta hoy, la corporación no ha pagado lo adeudado.
*Nota completa en edición martes 22 de Julio – DIARIO LA REGIÓN
