Durante 2019, la Corporación Municipal de La Serena firmó acuerdos extrajudiciales con familias que denunciaron exhumaciones sin aviso en el cementerio de Las Compañías. A cambio de compensaciones, los afectados renunciaron a ejercer acciones legales. Aunque la estrategia surtió efecto, expertos advierten que los delitos involucrados no pueden ser negociados entre privados.
Por Joaquín López Barraza
Durante años, la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena firmó en silencio acuerdos extrajudiciales con familiares que denunciaban exhumaciones irregulares en el Cementerio General de Las Compañías. A cambio de compensaciones materiales —dinero, lápidas, urnas, sepulturas—, los firmantes renunciaban expresamente a ejercer acciones penales o civiles.
Lo que no sabían —o quizás no comprendieron del todo— es que el delito de exhumación sin autorización no admite renuncia. Así lo sostiene el abogado penalista y académico de la Universidad Central, José Pablo Marín, quien tras revisar los documentos advierte que, en este tipo de materias, los acuerdos privados tienen límites.
«La exhumación sin autorización sanitaria está penada por el Código Penal y el Código Sanitario. Y los delitos que son de persecución penal pública no pueden ser objeto de renuncia por parte de un particular», explica.
El caso, que comenzó a investigarse formalmente en 2024, ya suma al menos 31 restos sin identificar, nueve cuerpos desaparecidos y evidencia de años de irregularidades encubiertas por la propia administración del cementerio.
Un nicho vacío y un pago millonario
Uno de los documentos firmados en 2019 corresponde al caso de una viuda que descubrió que los restos de su esposo habían sido trasladados sin previo aviso. Pese a tener los pagos al día, la administración alegó una deuda de $50.000 como motivo para la exhumación. En compensación, la Corporación ofreció $1.400.000 y se hizo cargo de un nuevo entierro en otro cementerio.
La condición era clara: la familia debía firmar que «no tiene cargo, reclamo, demanda ni acción alguna de carácter civil, penal o de otra naturaleza». El acuerdo quedó registrado ante notario y fue protocolizado como contrato de transacción extrajudicial.
Un segundo caso, del mismo año, reveló un trato similar: urna de reducción, lápida de mármol y extensión de la sepultura por diez años a cambio de no iniciar ninguna acción legal. Los términos se repiten: renuncia total, cierre definitivo del conflicto, confidencialidad.
¿Es válido renunciar a un posible delito?
Desde la perspectiva del derecho civil, los contratos firmados cumplen con la normativa que permite evitar litigios. Sin embargo, Marín advierte que el contenido y contexto de estos acuerdos abre un flanco legal.
«Si estamos hablando de una exhumación que no cumple con las prerrogativas legales —como la autorización sanitaria—, podría incluso constituirse un delito. Y en ese caso, las partes no pueden pactar que no se perseguirá penalmente», explica.
Agrega que este tipo de delitos están regulados tanto por el Código Penal como por el Código Sanitario, y que su persecución corresponde al Ministerio Público, no a las personas directamente afectadas.
Una estrategia institucional para evitar juicios
Las declaraciones de Marín coinciden con los antecedentes entregados por Pamela Castillo, exprocuradora de la CGGV, quien lideró parte de una investigación interna que fue archivada sin sanciones. Según su testimonio, fue en 2020 cuando descubrió que el cementerio operaba sin autorización sanitaria y que varios cuerpos habían sido trasladados sin cumplir con los protocolos legales.
En paralelo, encontró borradores y escrituras públicas de transacciones con familiares afectados. «La gente firmaba por una lápida, sin asesoría legal, sin saber que renunciaban a buscar justicia», dijo en entrevista anterior. «Quedé helada cuando vi eso. Era una forma de callar a personas humildes».
Castillo propuso un sumario contra los altos mandos, que fue bloqueado. Luego fue despedida. Hasta hoy, la corporación no le paga la indemnización ordenada por la justicia laboral.
¿Qué pasa si el cementerio no tenía permiso?
Uno de los puntos más delicados que hoy está bajo revisión judicial es la falta de autorización sanitaria para que el recinto funcionara como cementerio. Así lo establece una vista fiscal interna de 2020, que fue enviada a la jefatura jurídica de la CGGV y luego archivada sin resolución.
Consultado por este punto, José Pablo Marín señala que, si no existía autorización sanitaria básica para el funcionamiento del cementerio, todos los procedimientos posteriores —como las exhumaciones— podrían estar viciados.
«Si no tiene permiso para funcionar, es muy probable que tampoco cuente con autorización para realizar exhumaciones. Y eso, en nuestra legislación, está penado», detalla.
Aunque en este caso particular los hechos ocurrieron en 2019 y ya prescribieron —la pena aplicable establece un plazo de prescripción de cinco años—, el abogado advierte que «eso no significa que el hecho deje de ser grave ni que no tenga implicancias institucionales».
¿El cierre de un caso o una omisión estructural?
Aunque ya no es posible iniciar una persecución penal sobre los hechos ocurridos en 2019, el análisis de Marín permite entender que este tipo de transacciones no pueden emplearse como sustituto de una investigación formal cuando hay antecedentes de ilegalidad.
«Si se cometieron delitos de acción pública, la vía no puede ser negociar compensaciones y dar por cerrado el asunto. La obligación de investigar permanece, especialmente para una institución pública», subraya.
Una historia que aún no termina
El municipio de La Serena presentó en abril una querella criminal contra quienes resulten responsables por las irregularidades detectadas en el Cementerio de Las Compañías. La acción judicial —impulsada por una nueva administración— se basa en los mismos documentos, informes y testimonios que la CGGV había ignorado durante años.
Hoy, con familias buscando respuestas, documentos que confirman omisiones y un cementerio sin control, las preguntas persisten: ¿Quién responde por los restos desaparecidos? ¿Quién autorizó las exhumaciones? ¿Y cuántas otras transacciones se firmaron sin que nadie supiera realmente qué estaba en juego?
