El director nacional subrogante anunció medidas administrativas y el cambio de la dirección regional, tras la salida por error de un imputado que debía cumplir prisión preventiva.
Por Joaquín López Barraza
El día de ayer, Gendarmería confirmó la suspensión de funcionarios del Centro de Cumplimiento Penitenciario de La Serena, responsables de la liberación errónea de un interno que debía cumplir prisión preventiva por microtráfico y posesión de elementos tecnológicos. El hecho, que se produjo pese a que existía orden judicial para mantenerlo recluido, mantiene al imputado prófugo.
El director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez, informó que se removió al director regional de Atacama y que, en el caso de Coquimbo, el cargo es ejercido actualmente por el coronel Pablo Molina en calidad de subrogante, a la espera de que la próxima semana asuma un nuevo titular.
«Estamos hablando de negligencias de carácter administrativo. Se recibieron órdenes legítimas de los tribunales, pero el error recayó en un mal procesamiento o desconcentración de parte de los funcionarios responsables, quienes ya han sido suspendidos», afirmó Pérez.
Medidas y sumarios en curso
Durante un punto de prensa realizado el pasado jueves, Pérez explicó que se instruyeron sumarios administrativos en las regiones de Coquimbo y Atacama, y que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
En La Serena, el interno identificado como L.A.S.L. fue trasladado desde Copiapó luego de ser formalizado por hechos ocurridos dentro de ese penal. El tribunal ordenó que, una vez cumplida una condena previa, debía pasar inmediatamente a prisión preventiva, lo que no se concretó por un error en el procesamiento de la orden, permitiendo su salida en libertad.
Revisión de protocolos
Pérez indicó que el caso no involucra a organizaciones criminales, pero reconoció que evidencia deficiencias en los procedimientos internos de cotejo de causas pendientes y órdenes judiciales.
Agregó que, con «severa autocrítica», se reforzarán las capacitaciones y se buscará especializar el trabajo de las oficinas de estadística en todas las unidades penitenciarias.
«Es una necesidad abordar con seriedad y profesionalismo lo que ha ocurrido, armonizando la sucesión de pasos entre policía, Ministerio Público, tribunales y sistema penitenciario para evitar nuevos errores», puntualizó.
