Por fraude al fisco, malversación y administración desleal contra personas que, «de algún modo u otro, intervinieron como secretarios generales, jefe de finanzas y en el Departamento de Educación», dijo el exfiscal Adrián Vega.
Por René Martínez Rojas
La trama de irregularidades en la Corporación Municipal Gabriel González Videla sumó este jueves una nueva arista y reactivación, con la ampliación de querella en contra del exalcalde Roberto Jacob y exdirectivos.
Esto es por fraude al fisco y malversación por aplicación diferente, «es decir cuando dineros que pertenecían a educación y solo se podía gastar en educación, saltaban a otras cuentas, en este caso salud y administración central», sostuvo el exfiscal Adrián Vega, asesor jurídico del municipio y representante en las causas penales.
Estas querellas van principalmente contra personas que, «de algún modo u otro, intervinieron como secretarios generales, jefe de finanzas y en el Departamento de Educación y Control».
En ese sentido, la acción judicial también busca a Patricio Bacho, Ernesto Velasco y Jorge Díaz, además de Sandra Castro en educación.
«Esta realidad que estamos manifestando a través de las querellas debiesen haber sido conocidas por ellos y por eso estimamos que es un ejercicio abusivo en la toma de decisiones, en la administración del patrimonio de otra persona, que era en definitiva la corporación, el encargado de gestionar fondos que son fiscales», señaló Vega, acompañado de la alcaldesa Daniel Norambuena precisamente en el edificio de la corporación de calle Ánima de Diego con Balmaceda.
Fraude del fisco
el más grave
En el informe entregado se aclaró que existen más de 360 millones de pesos objetados por la superintendencia y, por otro lado, funcionarios que aparecen siendo pagados con boletas de honorarios para distintos servicios en colegios «en los cuales sus directores nos han señalado que no los conocen…».
A esto se suma la acción judicial interpuesta contra Mario Fernández Sánchez, representante legal de Servicios Técnicos TELMAR SpA, por presunta estafa, fraude al Fisco, falsedad documental y asociación ilícita, delitos que se investigan en grado consumado y con carácter reiterado.
Respecto de las condenas, manifestó que la administración desleal tiene una pena en función del perjuicio causado a la persona de la cual se administran los dineros o los fondos, y como son de simple delito, no superan los 5 años, amén de ciertas inhabilitaciones; mientras que el fraude del fisco es más grave y puede llegar hasta los diez años sin perjuicio de la reiteración.
Disculpas públicas
La deuda asciende a más de 83 mil millones de pesos, cifra que motivó al directorio y a la alcaldesa a aprobar el cierre definitivo de la corporación, al igual que el traspaso del Departamento de Salud, el que debiera demorar entre uno a dos meses.
«Es una situación compleja y los responsables debiesen estar entregando las disculpas públicas», dijo Norambuena.
Agregó que se han realizado las modificaciones correspondientes en la corporación desde lo administrativo «y vamos a partir con una coordinación para poder elaborar un organigrama y un trabajo colaborativo con los gremios para traspasar el Departamento de Salud a la municipalidad, con el fin de administrar de buena manera y que Contraloría controle todo lo que son las licitaciones públicas».
Luego del informe entregado por el exfiscal, «queda en evidencia que lamentablemente hubo una nueva línea de investigación y el modus operandi del Departamento del Salud es el mismo que ocurrió en el Departamento de Educación. Un botón de muestra: 95 boletas falsas y personas fantasmas que jamás fueron a entregar un servicio por casi mil millones de pesos en 2023».
