El órgano fiscalizador ordenó aclarar el pago de $1,67 millones correspondientes a febrero, marzo y abril de 2025, por servicios prestados a la Corporación Gabriel González Videla. Burlé, concejal de Coquimbo, evitó responder a los llamados y mensajes de este medio.
Por Joaquín López Barraza
La Contraloría Regional de Coquimbo objetó los pagos realizados por la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CMGGV) al concejal de Coquimbo Mario Burlé Delva, quien mantiene un contrato vigente como abogado asesor del Departamento Jurídico de dicha entidad.
El informe —correspondiente al proceso de auditoría N.º 589 de 2025— detalla que entre febrero y abril la corporación pagó honorarios por $6,3 millones, de los cuales $1.672.538 no fueron acreditados mediante informes ni registro de jornada laboral.
En el documento se consigna que «durante los meses de febrero, marzo y abril de 2025 la Corporación Municipal Gabriel González Videla realizó pagos por servicio de honorarios del señor Burlé Delva, respecto de los cuales no se acreditó el cumplimiento de su jornada, ni los días en que prestó servicios de manera presencial».
La Contraloría ordenó a la entidad aclarar la situación observada y, en caso de no hacerlo dentro del plazo legal de 30 días hábiles, requerir el reintegro de los montos objetados.
Falta de respaldo y supervisión institucional
El organismo también observó deficiencias en los mecanismos de control de la corporación, indicando que «no se identificó la entrega de productos mediante informes ni medios de verificación», pese a que ambos contratos suscritos con Burlé exigían esa rendición.
Asimismo, recordó que tanto el presidente como el secretario general de la CMGGV deben velar por el cumplimiento de las normas de probidad y por la adecuada administración de los recursos públicos.
De acuerdo con el informe, la CMGGV argumentó que Burlé suscribió dos contratos de naturaleza civil —uno con jornada presencial y otro con modalidad modificada—, pero ninguno de ellos contaba con un sistema de control horario ni con documentación que acreditara los servicios efectivamente prestados.
La entidad fiscalizadora precisó que los pagos «no se ajustan a lo establecido en la resolución N.º 30 de 2015» y que la rendición de cuentas debe estar respaldada por comprobantes auténticos.
El silencio del concejal
Diario La Región intentó comunicarse con el concejal Mario Burlé durante la jornada de ayer, mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, para conocer su posición respecto de las observaciones de Contraloría. Sin embargo, el edil no entregó respuesta hasta el cierre de esta edición.