Hechos ocurrieron durante la administración anterior y recuerdan el caso Mamalluca del 2013, también marcado por irregularidades financieras.
La Municipalidad de Vicuña informó la resolución del sumario administrativo que reveló el robo de más de 30 millones de pesos en recaudaciones del Juzgado de Policía Local, hechos ocurridos durante la administración del exalcalde Rafael Vera Castillo.
El proceso, iniciado en septiembre de 2024 tras una denuncia interna, permitió establecer responsabilidades administrativas en irregularidades cometidas en dicho período. Tras una extensa investigación, el fiscal instructor acreditó faltas graves al principio de probidad administrativa, proponiendo la destitución de dos funcionarias —identificadas con las iniciales L.M.F. y M.M.T.—, además de sanciones de censura a otros dos funcionarios por incumplimientos en su deber de control jerárquico.
El alcalde Mario Aros Carvajal firmó el decreto que aprueba la vista fiscal y aplica las sanciones correspondientes, reafirmando que su administración tiene tolerancia cero con la corrupción y las malas prácticas heredadas del pasado.
«Estos hechos ocurrieron bajo la gestión anterior y muestran un patrón de manejo irregular que lamentablemente se repitió en distintas áreas del municipio, como el recordado caso de los tickets adulterados del Observatorio Mamalluca en 2013. Hoy estamos cerrando esa etapa oscura y construyendo una municipalidad transparente, moderna y de cara a la gente», señaló el alcalde Aros.
Cabe precisar que ya existe una querella en trámite ante el Juzgado de Garantía de Vicuña, la cual fue presentada por el municipio durante la fase indagatoria del sumario administrativo, una vez determinado el monto de la defraudación. En el marco de esta causa penal, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones han desarrollado diligencias en el patrimonio de las funcionarias inculpadas, avanzando en la recuperación de los recursos sustraídos y la determinación de eventuales responsabilidades penales.
«No basta con las sanciones administrativas. Por eso presentamos una querella y hemos colaborado con la Fiscalía en todo momento. Los recursos municipales son de los vecinos, y nuestra obligación es protegerlos», enfatizó el alcalde Aros.
El decreto establece que las destituidas no podrán ejercer cargos públicos por los próximos cinco años, conforme a la Ley N° 18.883, y que las sanciones se harán efectivas una vez afinado el procedimiento administrativo.
La actual administración reafirma su compromiso con una gestión de probidad, orden y transparencia, fortaleciendo los mecanismos de control interno y la rendición de cuentas, con el objetivo de recuperar la confianza de los vecinos y asegurar que nunca más en Vicuña se repitan hechos como estos.
