Funcionarios de Gendarmería descartaron todo tipo de participación del personal de la Región de Coquimbo en el caso del mercado ilegal de productos al interior de los recintos penales, cuya detección es conocida como «Operación Apocalipsis».
Por: Bastián Álvarez Pardo
Entre este lunes y martes, tras más de nueve meses de investigación, una operación interna de Gendarmería resultó en la detención de 66 personas a nivel nacional, 44 de ellos, funcionarios de la institución, que colaboraban en el ingreso de drogas, alcohol, celulares y alimentos a diversas cárceles del país, tales como Santiago I, la ex Penitenciaría y la Cárcel de Mujeres de San Joaquín, en la Región Metropolitana.
Y, si bien, la investigación estuvo acotada a cinco regiones del país -Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos- es evidente la aprensión sobre su alcance al territorio nacional.
Raúl Muñoz Cabezas, presidente regional Coquimbo de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) declaró a DIARIO LA REGIÓN que «afortunadamente, dentro de la Unidad Penal de Huachalalume se ha hecho un trabajo de manera profesional, tanto en la planta de oficiales como la de suboficiales. Lo que ocurre en Santiago es injustificable, ya que el trabajo de Gendarmería tiene valores y principios y el proceso investigativo se debe respetar».
Muñoz agrega que «es lamentable, porque ensucia la institución y hay que sacar a esos malos funcionarios de las unidades penales. En la región de Coquimbo se ha hecho un trabajo lo más profesional posible. El trabajo ético viene desde la Escuela de Gendarmería y el personal así lo entiende y afortunadamente se ha tomado conciencia».
Por su parte, Rubén Pérez Riquelme, director nacional de Gendarmería, planteó este martes, que «ya tomamos las medidas operativas, que estaban planificadas, para mantener la estabilidad y la marcha del recinto (Santiago I). Hemos hecho un despliegue de dispositivos especiales, que mantendremos durante las próximas semanas, para que el régimen interno se mantenga a cabalidad».
De acuerdo a lo consignado por diversos medios nacionales, la investigación efectuada por Gendarmería descubrió que, por internar un combo de hamburguesas Mc Donald’s, los funcionarios podían cobrar hasta $80.000; por un hervidor, hasta $25.000, $300.000 por un celular o $60.000 por internar carnes.
