Tras surgir nuevos antecedentes en la investigación, se habría solicitado revisar la medida de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para la ex intendenta.
Por: Bastián Álvarez Pardo
Un aumento en el plazo de la investigación en 150 días, a contar del 19 de enero y una próxima audiencia de revisión de cautelares, son las principales novedades del Caso Papayagate.
Y, tras surgir nuevos antecedentes en la investigación, se está solicitando cambiar las cautelares sobre la ex intendenta Lucía Pinto, quien se encuentra desde mayo de 2025 con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno, informó a DIARIO LA REGIÓN Luis Acevedo, abogado representante del senador Daniel Núñez, querellante en la causa.
Acevedo comentó que «ahora se debatió sobre el plazo de investigación, que se aumento en 150 días y se debatirá sobre la cautelar contra Pinto. Pero, más allá de eso, nosotros estamos centrados en los resultados de todo el procedimiento, que es la condena de los tres involucrados y estamos pidiendo reunión con la Fiscalía para conversar sobre aquello».
Esta es la primera prórroga en el plazo de la investigación, luego que en mayo de 2025, el Juzgado de Garantía de La Serena decretara un plazo de 180 días para las indagatorias del caso.
Por otra parte, en noviembre pasado, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, determinó que la causa vuelva a ser llevada en la Región de Coquimbo, esta vez, por el Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad (SAC) de la Fiscalía Regional, tras haber sido liderada por la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.
Dicha decisión fue ampliamente cuestionada por el senador Daniel Núñez, parte querellante en el caso, quien en la oportunidad, exigió no «enfriar ni congelar» la investigación, a la vez que manifestó su temor a que el regreso de la causa a la Región de Coquimbo abra flancos en materia de conflictos de intereses o tráfico de influencias.
Además de Lucía Pinto, se encuentra con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional el ex administrador regional, José Cáceres; mientras que los empresarios Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Karim Daire, Manuel Daire y Luis Iver, quedaron con firma mensual y arraigo nacional por delitos tributarios; en tanto que para el empresario Pablo Bracchitta, el tribunal resolvió no aplicar ninguna medida cautelar.
