El Gobierno reforzó su política de control de consumo de drogas en autoridades, luego de que el Presidente José Antonio Kast se realizara un test mediante muestra de pelo y anunciara una serie de medidas para ampliar esta exigencia a distintos niveles del Estado.
Por Joaquín López Barraza
Entre los anuncios, el Mandatario confirmó modificaciones al decreto vigente, incorporando el examen capilar como estándar —con una ventana de detección de hasta 90 días—, junto con la obligatoriedad de publicar los resultados en plataformas institucionales. Además, adelantó el envío de un proyecto de ley que busca extender esta exigencia a parlamentarios, autoridades regionales, municipales y directivas de partidos políticos.
La iniciativa también apunta a que quienes postulen a cargos de elección popular deban acreditar un resultado negativo al momento de su inscripción, en un contexto marcado por el énfasis del Ejecutivo en reforzar estándares de probidad y combatir posibles vínculos con el narcotráfico.
El anuncio marca un cambio respecto de días anteriores, cuando la aplicación de estos test se planteaba como una instrucción general para autoridades, sin mayores detalles sobre su implementación.
Ahora, en cambio, el Ejecutivo no solo ratifica la medida, sino que busca institucionalizarla mediante cambios normativos y legales, incorporando financiamiento, periodicidad y publicidad de los resultados.
En ese marco, el propio Presidente llamó a que las autoridades y partidos políticos se sometan a estos exámenes como una señal de transparencia frente a la ciudadanía.
Pese a este nuevo impulso desde el nivel central, en la región aún no existe claridad sobre cómo se implementará la medida.
Consultados por este medio, desde la Delegación Presidencial señalaron que el delegado ya se había realizado un examen previo antes de asumir el cargo, con resultado negativo, sin referirse a la aplicación de los nuevos anuncios del Ejecutivo.
Ante consultas sobre plazos, autoridades involucradas o coordinación a nivel regional, no se entregaron mayores antecedentes, limitándose a indicar que «la alta autoridad es el delegado y él ya se lo hizo».
De esta forma, mientras el Gobierno busca ampliar y endurecer la exigencia a nivel nacional, en la región todavía no se delinean los pasos concretos para su implementación.
