Desde el oficialismo, la expectativa es tener el Plan de Reconstrucción Nacional tramitado en septiembre, mientras que la oposición ya anunció su rechazo en bloque a la iniciativa más relevante en lo que va del gobierno de Kast.
Por: Bastián Álvarez Pardo
El martes 2 de junio, un día después de la primera Cuenta Pública presidencial de José Antonio Kast, el Senado comenzará la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
La mega reforma del Ejecutivo iniciará su segundo trámite constitucional en un clima con posturas antagónicas.
Por una parte, la oposición, representada por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el PPD y el Frente Amplio, que rechazará la iniciativa y un oficialismo que debería cuadrarse ante la emblemática reforma, salvo excepciones como la dura crítica del senador Alejandro Kusanovic (Ind-RN), quien acusó una «deslealtad y traición» por parte del gobierno.
Así las cosas, el Ejecutivo tendrá que desplegar una amplia negociación, en la que el ministro Segpres, José García Ruminot, deberá dialogar, senador por senador, tanto en el sector propio como en el arco opositor, con el fin de viabilizar una iniciativa que podría extender su tramitación durante varias semanas e incluso, meses.
Durante la semana que finaliza, tras la aprobación por parte de la Sala de la Cámara al proyecto de ley y su despacho al Senado, la centro izquierda pareciera no moverse de sus posturas, calificando como un retroceso la Ley de Reconstrucción y rechazando el apoyo a la controvertida iniciativa.
Una dura oposición
El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, reconoció, en entrevista con Radio Infinita, que existen diferencias y puntos de vista distintos entre los senadores de oposición, pero también apostó a que lograrán articular una postura común en contra del proyecto.
Además, adelantó que «si esta reforma es aprobada tal cual como está, nosotros nos vemos con el deber de, cuando volvamos a ser gobierno, recuperar al menos 2.500 millones de dólares para las arcas fiscales».
Mientras el diputado (PS) Daniel Manouchehri planteó que se trata de «un muy mal proyecto para Chile, que no genera empleo, crecimiento, ni desarrollo»; el diputado (IND-PC), Bernardo Salinas, tildó la iniciativa como «una lápida a los sectores más vulnerables, (tramitado) con prepotencia, pasando por encima la legislación y la discusión».
En tanto, las diputadas del Frente Amplio, Carolina Tello y del Partido Comunista, Nathalie Castillo, coincidieron en señalar que, más que un proyecto de reconstrucción, «es una mala iniciativa que terminará perjudicando a Chile, debilitando la capacidad del Estado» y «una agenda económica disfrazada de reconstrucción «.
El apoyo condicionado del PDG
La diputada del PDG, Eileen Urqueta, en concordancia con la postura de la tienda de Franco Parisi, votó a favor de la iniciativa. Sin embargo, señaló que «reconstruir no puede significar abrir privilegios permanentes, debilitar la protección ambiental, ni amarrar el futuro del país por 25 años» y agregó: «Reconstruir Chile sí, pero con responsabilidad, equilibrio y sin hipotecar el futuro».
Centroderecha compromete su respaldo
Desde el oficialismo, en tanto, la postura es clara: Apoyar el proyecto de ley, al que califican no solo como clave para la reactivación económica, sino que como un eje de la gestión del gobierno.
Para el senador UDI, Sergio Gahona, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, será clave el análisis de aspectos como el reembolso del dinero invertido a los titulares de los proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) hayan sido invalidadas por Tribunales, mientras que el diputado gremialista, Marco Antonio Sulantay, señaló que la Ley de Reconstrucción «no se trata sólo de desarrollo financiero. También de orden y responsabilidad con las arcas públicas y este proyecto apunta a eso».
Para el senador Matías Walker, en tanto, «es importante aprobar este proyecto para que Chile vuelva a crecer, ya que llevamos 12 años creciendo a una tasa promedio del 2%» y agregó que espera que la reforma esté tramitada en el Senado a más tardar en septiembre, con el objeto de que sea Ley de la República y se pueda incorporar en la estimación de la Ley de Presupuesto 2027
