La Corte de Apelaciones de La Serena ratificó, en un dictamen unánime, la culpabilidad del fallecido exsacerdote. Hernán Godoy, el primer querellante y la Agrupación Juan 23, celebran. “Es como llegar a la cima y clavar la bandera”, relatan.
Por René Martínez Rojas
Tuvieron que pasar 24 años desde que Hernán Godoy habló por primera vez en 2002 para escuchar la palabra que tanto esperó: ¡culpable!
Porque si bien el exarzobispo Francisco José Cox falleció en 2020 sin recibir una condena tras las rejas, el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena marca un hito de reparación simbólica y jurídica.
En un documento extenso y detallado de 46 fojas, al que tuvo acceso Diario La Región, la justicia si bien decretó el sobreseimiento definitivo de la causa, ratificó los delitos de abusos deshonestos por los que tanto tiempo luchó Godoy y otras víctimas que se atrevieron a denunciar lo que pasaba no solo en los pasillos del Arzobispado, sino también en la iglesia de Andacollo.
El despertar de una verdad
Para las víctimas, la pesadilla comenzó mucho antes de que Cox llegara a la región. Y aunque los relatos se remontan a los años setenta en la ciudad de Chillán, fue en La Serena donde el poder de Cox -nombrado arzobispo coadjunto en 1985 y titular en 1990- alcanzó su punto más crítico.
Apodado “Papelucho” -debido a que su tía, la escritora Marcela Paz se inspiró en sus andanzas infantiles para crear con el tiempo al tierno personaje-, Cox gozaba de una imagen pública de cercanía “y tuvo un sinfín de actividades notables a nivel mundial,
pues fue él quien organizó la visita de Juan Pablo II a Chile y quien lo recibió personalmente en La Serena. Y ahora lo que dice el libro Secreto a Voces (trata el caso justamente de Hernán Godoy) se ha cumplido, pues es una verdad absoluta, que en primera instancia lo señaló el Papa Francisco cuando lo expulsó del estado clerical”, recuerda Juan Rojas, miembro de la Agrupación de Laicos J23.
Desde la agrupación estiman que existen más de 50 víctimas solo en La Serena y que el proceso judicial, que se mantuvo bajo el antiguo sistema tras el regreso de Cox en 2019 desde Alemania donde llevaba “una vida de silencio, oración y penitencia” en la ciudad de Vallendar (casa de los Padres de Schoenstatt), incluyó el testimonio de cerca de 32 testigos.
Para Rojas, esto es una clara señal de que los tribunales “han hablado clarísimo de que todas las fechorías sexuales que hizo el exarzobispo en el palacio del Arzobispado, jurídicamente son ciertas. Nos parece que el viejo adagio que se aquilata siempre y se critica a la justicia en todas las partes del mundo, esta vez resultó: la justicia tarda, pero llega”.
El largo camino
En 2002 Godoy se atrevió y denunció. Pero el miedo y la inacción de la Iglesia lo silenciaron. Recién en 2018 se armó nuevamente de valor para interponer la primera querella criminal en contra de Cox, lo que finalmente terminó ahora en un fallo a su favor.
“Empecé en 2002 cuando se estaban abriendo algunas aristas para dejar un tema que era muy tabú e intocable en la iglesia, y que lo sigue siendo hasta ahora, aunque ya no en un 100% porque existen personas que hemos sido una piedra en el zapato para ellos”, afirma.
Y relata con emoción cómo fue despertar este miércoles con la noticia: “Desde la Fundación para la Confianza se comunicaron conmigo el martes por la noche y de verdad que ha sido un periodo muy largo, donde muchas veces dije: que venga lo que tenga que venir y así fue, puesto que la justicia tarda, pero llega. Lo importante es que se investigó una verdad y esa fue la mía”.
No obstante, recuerda con dolor sus años como acólito, fingiendo que todo estaba bien cuando por dentro cargaba con el trauma.
“Me acuerdo más de la lucha que llevaba desde niño. De esas cosas que yo decía cuando no me sentía a gusto teniendo que poner una cara, por ejemplo, cuando era acólito, cuando tenía que fingir que estaba bien. Es una liberación poder sacar esta presión que lleva la mente, el cuerpo y el alma. La lucha fue por esa palabra: ¡culpable!”.
El fin de la impunidad
Francisco José Cox Hunneus fue removido del estado clerical por el Papa Francisco en 2018 y si bien su regreso al país un año después era para enfrentar la justicia, finalmente su muerte evitó el cumplimiento de una eventual pena.
Sin embargo, el ministro Christian Le-Cerf Raby, tras su deceso, dejó abierta la arista investigativa, permitiendo que el proceso llegara a este término.
“En el fondo, después de todos los años que han pasado, lo lindo fue haber dado una lucha a pesar de ser muy dura, y lamentablemente se da se da porque acá muchos pensaron y piensan que uno está traicionando la fe de los demás, cuando estamos luchando con personas que son parte de la iglesia y que poseen vestidura, pero que han dañado a muchos. ¿Sabe? Acá existe una verdad que es muy difícil de revertir y esa es la mía”, señala Godoy.
