Acusan que el Gobierno instruye a sus abogados a no intervenir en los juicios, permitiendo que condenados por crímenes de lesa humanidad y del estallido social obtengan beneficios carcelarios sin oposición del Estado
Por René Martínez Rojas
En una jornada marcada por la exigencia de transparencia judicial, actores vinculados a la defensa de los Derechos Humanos manifestaron su rechazo a la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue indultos presidenciales -o permita libertades condicionales mediante la inacción- a militares y delincuentes condenados por crímenes de lesa humanidad y delitos ocurridos durante el estallido social de 2019.
Esta acción, frente a los tribunales de justicia, cobra una relevancia especial, considerando que la justicia local ha dictado sentencias históricas contra exuniformados, pero que ahora, según denuncian los manifestantes, podrían verse truncadas por decisiones políticas del nivel central.
El fantasma de la impunidad
Marcelo José Gálvez, abogado e integrante del equipo jurídico de la Corporación 20 de Octubre, lideró la vocería advirtiendo sobre el «ojo vigilante» que la ciudadanía debe mantener sobre las prerrogativas presidenciales.
«Esto busca manifestar nuestro profundo rechazo a la posibilidad de que se indulte a criminales cuyas acciones constituyen heridas que aún no cierran en nuestra sociedad», señaló.
En ese sentido, puso el foco en nombres específicos que hoy cumplen condena en el penal de Huachalalume: el capitán José Faúndez, sentenciado a 15 años de presidio, junto a Carlos Robledo y José Arenas Mancilla.
Para la Corporación, estos eventuales actos no solo serían una afrenta a las víctimas del 20 de octubre de 2019 -donde murió Romario Veloz y resultaron heridos de gravedad César Vélez y Rolando Robledo-, sino que podrían «adolecer de nulidad al contravenir tratados internacionales suscritos por Chile en materia de Derechos Humanos. El Estado tiene obligaciones que no puede eludir por motivaciones políticas equívocas», enfatizó Gálvez.
A juicio del profesional, ante la dificultad política de otorgar indultos directos, el Gobierno habría adoptado una fórmula «subrepticia» a través de lo que denominan «indultos pasivos».
La estrategia del «silencio»
Otro punto fue expuesto por la abogada y exseremi de Justicia, María José Rojas, presente en la convocatoria, al sostener que existe una instrucción directa desde el Ministerio de Justicia para que los abogados de la subsecretaría de Derechos Humanos y de los programas de defensa de familiares de víctimas dejen de hacerse parte en las apelaciones y juicios «y no puedan dar a conocer la opinión y los intereses de los familiares de los detenidos desaparecidos».
Explica que el problema «es que el Gobierno no se está haciendo responsable y al no intervenir, los tribunales de justicia solo escuchan la mitad de la información: Está solo escuchando a los abogados defensores y no está escuchando a los abogados querellantes, que son parte de este programa», explicó la exseremi. Según su análisis, este vacío procesal facilita que las defensas de los militares obtengan resoluciones favorables, como la reciente liberación de César Manríquez (exagente de la DINA) confirmada este miércoles por la Corte Suprema.
«¿Cuál es el problema? Que el Gobierno nos está haciendo parte, no se está haciendo responsable en los juicios de esa humanidad. Está permitiendo que los tribunales de justicia decidan y otorguen estas libertades sin que los abogados del Gobierno se hagan parte del programa de derechos humanos y puedan apelar de las decisiones del Poder Judicial».
