Lombardo Toledo pidió al delegado presidencial intervenir ante Santiago tras las denuncias por el cierre de programas sociales que hoy funcionan con vecinos y adultos mayores en la Parte Alta.
Por Joaquín López Barraza
Como un «pecado social» calificó el consejero regional Lombardo Toledo el posible cierre de la Fundación de las Familias y emplazó al delegado presidencial Víctor Pino a intervenir ante las autoridades nacionales, luego que trabajadores denunciaran que desde Santiago ya se les comunicó el término de programas sociales que funcionan en la Parte Alta de Coquimbo.
«La fundación ha tenido un gran impacto social, en la vida personal, familiar y comunitaria de ese sector tan carenciado de la comuna de Coquimbo», afirmó el CORE.
La alarma se instaló cuando Héctor Marín, director del Centro Familiar de Coquimbo y presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Fundación de las Familias, aseguró a Diario La Región que autoridades del Ministerio de Desarrollo Social les comunicaron el cierre del programa Familia Digital y del Programa de Desarrollo Familiar.
«Se nos informó que se va a cerrar el programa Familia Digital y, por ende, toda la fundación», sostuvo Marín.
Aunque hasta ahora no existe una resolución formal que oficialice la medida, trabajadores afirman que internamente ya se les informó que el proceso de cierre avanzaría durante las próximas semanas. Según documentos difundidos por el sindicato, incluso se habría solicitado elaborar propuestas para implementar el término de programas y la desvinculación de trabajadores.
En la Parte Alta de Coquimbo, el centro funciona desde hace años como uno de los pocos espacios comunitarios permanentes del sector. Ahí se realizan talleres para adultos mayores, apoyo para hacer trámites, alfabetización digital, orientación familiar y actividades donde muchas vecinas pasan gran parte del día acompañadas.
Trabajadores advierten que, si los programas desaparecen, cientos de personas quedarían sin un lugar donde hoy reciben apoyo cotidiano y acceso a servicios básicos.
La fundación mantiene actualmente 52 centros a nivel nacional y, según cifras entregadas por los propios trabajadores, solo el Programa de Desarrollo Familiar atiende a más de 18 mil personas al año. En paralelo, Familia Digital supera los 57 mil usuarios anuales con talleres, acceso a computadores y ayuda para realizar trámites del Estado.
El conflicto además se da en medio de un momento complicado para la región. Según cifras del INE, la desocupación en Coquimbo llegó al 8,7% en el último trimestre móvil, ubicándose por sobre el promedio nacional.
Para Toledo, en ese escenario el cierre de programas sociales golpearía directamente a familias que ya enfrentan dificultades económicas y falta de apoyo estatal.
«Hay muchas instituciones que han sido mermadas en sus presupuestos y en la cobertura que beneficia a muchas personas de escasos recursos», señaló.
El consejero sostuvo además que la situación ya comenzó a discutirse dentro del Consejo Regional y no descartó citar a autoridades para pedir explicaciones por los recortes.
«Ayer veíamos esto en el Consejo Regional, la posibilidad de citar a las autoridades para que nos den a conocer el por qué de tanto desarraigo con las necesidades de una población muy necesitada», afirmó.
Toledo también cuestionó lo que considera un retroceso en el apoyo estatal a sectores vulnerables y apuntó a otros servicios públicos que, a su juicio, también han enfrentado dificultades.
«La población no se merece esto, ni la Fundación de la Familia, ni la Junaeb y la Junji», sostuvo.
El emplazamiento del CORE además apuntó directamente al delegado presidencial Víctor Pino, en medio de críticas por decisiones que —según trabajadores y dirigentes regionales— estarían siendo tomadas desde Santiago sin considerar la realidad de los territorios.
Toledo señaló que así como el gobernador regional Cristóbal Juliá ha viajado a la capital para gestionar recursos e inversiones para la región, el representante del Gobierno también debería intervenir frente al eventual cierre de estos programas sociales.
«Juliá ha hecho su esfuerzo, esperamos que el delegado Pino haga lo mismo y refleje la preocupación de la población», afirmó.
