Concejales de la comuna de Coquimbo manifiestan opiniones diversas sobre el lento avance en la investigación por presunto fraude al fisco y malversación de fondos públicos contra del exalcalde Marcelo Pereira. A más de 4 años de que el actual jefe comunal Ali Manouchehri interpusiera una querella, ediles coinciden en el «respeto de los tiempos», teniendo en cuenta lo complejo de las pericias que vendrían este 2026.
Tras los dichos del alcalde Manouchehri ayer en Diario LA REGIÓN respecto del plazo transcurrido desde que se presentó la querella, algo más de cuatro años, miembros del concejo porteño tomaron la palabra.
El tema lo había instalado Ali en su discurso de aniversario, y de una le pasó «la pelota» (responsabilidad) al Ministerio Público liderado por el fiscal Patricio Cooper. Según cifras del Poder Judicial, durante el 2015 una causa se demoraba en promedio 222 días. A la fecha esa cifra subió a 472 días. La pandemia agudizó la situación, también existen razones de gestión y cambios en las causas penales que actualmente se tramitan.
En la zona, el Papaya Gate es el mejor ejemplo, y las indagatorias en el municipio porteño, vendría a sumar otro caso a la carpetas «en pausa».
«No es de extrañarse que aún no tengamos resultados»
Así como el jefe comunal declaró que los plazos de Fiscalía parecieran estar acorde, comparando lo del médico cirujano (profesión de Pereira) con los años que estuvo bajo la lupa la alcadesa de Maipú Cathy Barriga, el concejal Mario Burlé (UDI) coincide en el análisis. «Son plazos que demoran, a veces las investigaciones según la complejidad de ellas, provocan estos retrasos», advierte Mario Burlé.
Y agrega que «el fiscal, quien dirige la investigación en el ámbito criminal, seguramente ha decretado una serie de diligencias y lo más probable que ellas estén pendientes. Le corresponde también a la parte querellante tratar de agilizar y apurar las causas», subrayó el exintendente de la región de Coquimbo.
Pero, ¿qué espera Burlé del futuro accionar de Fiscalía? Según indica el gremialista, aguanta paciente a que se acredite lo que corresponda. « La responsabilidad que le pueda caber o a lo mejor no tener ninguna responsabilidad, en definitiva, uno espera que se acredite ya sea una acusación o absolución respecto del caso. Esto está en una etapa investigativa, por lo tanto se presume la inocencia de todos los que puedan estar involucrados hasta que no exista una sentencia final», dijo Burlé.
«No hay ninguna animadversión contra el exalcalde»
Freddy Bonilla, concejal porteño del Partido Socialista, menciona que cuando llegó la administración Manouchehri en el primer periodo, lo que hizo es mayormente sumarse a lo que la Contraloría había puesto sobre la mesa, y que hace refrencia a una deuda de alrededor de 40.000 millones.
Bonilla fue parte del concejo en tiempos de Pereira y asegura que nunca ha tenido animadversión con respecto a la gestión de la exautoridad cuestionada.
«La idea es poder salir de toda duda con respecto a la gestión del exalcalde Pereira, en razón de poder también transparentar la imagen de él como autoridad comunal, para que también la opinión pública supiera cuál fue la razón de ese déficit que había, el tema de pandemia, el tema de que se dejaron de pagar muchos aportes que el municipio recibía por conceptos de distintas instancias: casinos, lo que es permiso de patentes», explica Bonilla.
Y el socialista despeja el camino pedregoso que tendrá la Unidad SAC (Sistema de Análisis Criminal) de la Fiscalía de Chile) «Los tribunales tendrán que dictaminar o pronunciarse de que si hubo fraude o malversación de recursos públicos(…) pero aún así creo y confío de que ojalá que esto no tenga un carácter distinto de lo que puede que los procedimientos así, digamos, estén respaldados administrativamente con documentos, de lo contrario, cada uno tendrá que responder por su responsabilidad administrativa, adelanta Bonilla.
«La ciudadanía merece saber la verdad»
La concejal Cynthia Silva, avisa que «no me corresponde adelantar juicios sobre una investigación que está en manos de la Fiscalía. Sin embargo, cuando se trata de eventuales hechos que pudieron afectar recursos municipales, la ciudadanía merece verdad, transparencia y responsabilidad. Nuestro deber hoy es fortalecer la fiscalización, mejorar los controles y trabajar para que Coquimbo recupere plenamente la confianza en sus instituciones», señala la edil.
