El ministro Secretario General de la Presidencia defiende la principal apuesta legislativa del Gobierno —Plan de Reconstrucción Nacional—, reconoce la importancia de construir acuerdos fuera del oficialismo y responde a las críticas que ha generado el registro de vándalos impulsado por La Moneda.
Por Joaquín López Barraza
El proyecto de reconstrucción y desarrollo económico, las negociaciones necesarias para sacar adelante la agenda legislativa y las controversias en torno a las nuevas medidas de seguridad marcaron la conversación de Diario La Región con el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot. En esta entrevista, la autoridad aborda los desafíos políticos del Ejecutivo y las iniciativas que espera impulsar durante los próximos meses.
–De todos los proyectos anunciados por el Presidente, ¿cuál considera hoy la prioridad legislativa número uno del Gobierno?
El proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social. Es un proyecto transformador, pero además nos permitirá recaudar prontamente 400 millones de dólares para la reconstrucción de viviendas afectadas por los incendios forestales. También busca recuperar competitividad tributaria, atraer inversión, generar más empleo y contribuir al equilibrio de las cuentas fiscales. Yo diría que es el corazón del programa de gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Varios empresarios han señalado que más que incentivos necesitan reglas estables. ¿Cómo se construye esa estabilidad si un futuro gobierno decide revertir estas medidas?
La rebaja del impuesto de primera categoría del 27 al 23% ya había sido planteada por el exministro Mario Marcel. Además, hoy vemos que distintos países están impulsando mecanismos de invariabilidad tributaria precisamente para atraer inversión. Si estas medidas generan más crecimiento, más empleo y mejores cuentas fiscales, no veo razones para que se reviertan.
Algunas de estas reformas requieren acuerdos en un Senado donde el Gobierno no tiene mayoría. ¿Cuánto depende el éxito de la agenda de figuras como Matías Walker y otros parlamentarios de centro?
Mucho. El senador Matías Walker ha manifestado públicamente su disposición a apoyar el proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social. También hay otros parlamentarios que comparten los objetivos que estamos impulsando. Nuestro trabajo en la Segpres es precisamente conversar con todos los actores para construir esos apoyos.
Aunque ya lo ha dicho el Presidente, ¿les basta con aprobar estos proyectos por un voto de diferencia?
Es evidente, porque los proyectos se aprueban por mayoría y un voto hace la diferencia. Pero nosotros quisiéramos una mayoría más amplia. Lo que no vamos a hacer es desperfilar el proyecto o abandonar sus objetivos fundamentales solo para sumar más votos.
Uno de los temas que más debate ha generado es la creación del registro de vándalos. ¿Existe detrás de esta propuesta la percepción de que Chile podría enfrentar nuevamente períodos de alta conflictividad social?
No. Lo que buscamos es que quienes atentan contra bienes públicos o contra funcionarios que prestan servicios esenciales sepan que sus actos tienen consecuencias. Si alguien quiere manifestarse, los canales democráticos existen. Lo que no corresponde es actuar con violencia ni afectar bienes públicos o privados.
Ya existen sanciones para quienes dañan bienes privados. ¿Por qué sumar además la pérdida de beneficios sociales?
Porque pensamos que quienes reciben beneficios financiados con recursos de todos los chilenos también deben comprometerse con el no uso de la violencia. Nos parece una medida razonable y una herramienta adicional para desincentivar estas conductas.
Pero esa sanción no afecta de la misma manera a una persona que recibe beneficios estatales que a otra de mayores ingresos. ¿No termina generando diferencias según la condición socioeconómica?
Buscamos transmitir un mensaje muy claro: la violencia nunca debe estar presente. Y precisamente por eso vamos a incorporar otras medidas. No puedo anticiparlas todavía, pero también significarán sanciones adicionales para quienes cometan este tipo de actos, independientemente de su situación socioeconómica.
¿No se contradice esa propuesta con el principio de igualdad ante la ley?
No, porque estamos trabajando para que ese principio se cumpla siempre. Personas que no reciben beneficios sociales podrán enfrentar otro tipo de sanciones. Lo importante es que exista una señal clara de que la violencia tiene consecuencias y que en una democracia los conflictos deben resolverse respetando la ley y los derechos de los demás.
