Una tensa jornada se vivió este martes en el Congreso Nacional durante la comisión especial citada por el Senado para analizar el cierre de la Fundación de las Familias.
Por René Martínez Rojas
A la instancia concurrieron los ministros de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; de las Culturas, Artes y Patrimonio, Francisco Undurraga y de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, quienes debieron exponer los fundamentos técnicos de la decisión de desmantelar una entidad con 16 años de historia.
Sin embargo, la exposición -que duró poco más de una hora- fue calificada como insuficiente por los afectados. Andrea Vega, secretaria de la directiva sindical y encargada regional del programa Familia Digital, lamentó el escaso tiempo del encuentro, «pues fue muy poco para tratar 16 años de historia y lo que significa para las comunidades quedar sin sus centros familiares a nivel nacional».
Impacto en
la Parte Alta
Lo cierto es que la preocupación también llega a Coquimbo, porque según se expuso, se han realizado gestiones junto al alcalde Ali Manouchehri para evitar el cierre de los espacios en la Parte Alta, sin obtener respuestas satisfactorias.
Por lo mismo, el senador Daniel Núñez lamentó la postura del Ejecutivo, señalando que la ministra no se ha hecho cargo de las consecuencias de la decisión política adoptada.
«Emplazamos a la ministra a que diga la verdad, porque hasta ahora no se ha hecho cargo de la decisión política que adoptó, y que reconozca que cursó el decreto de recorte del ministro Quiroz sin detenerse a analizar las consecuencias que eso tenía para la fundación», acusó el parlamentario.
Y se preguntó: «¿Qué hacemos ahora? Traspasamos los centros a los mismos municipios a los que la megarreforma tributaria está disminuyendo el presupuesto, esa es la solución que quieren dar. Les quitan la plata a los y las alcaldesas y ahora les dirán que se hagan cargo de los centros comunitarios o van a cerrar y quedarán botados y tengamos un foco de delincuencia y mal vivir».
Incertidumbre
laboral y social
El cierre implica el fin de 42 centros a nivel nacional y pone en duda la continuidad laboral de unos 150 trabajadores. Desde el sindicato advierten que el plan de traspasar estos centros a los municipios es inviable debido al recorte presupuestario que enfrentan las casas edilicias por la actual reforma tributaria.
«Nos parece contradictorio y preocupante que, en vez de hacer el esfuerzo por impulsar y promover estos centros comunitarios que generan tejido social, sencillamente se aplique la lógica economicista y racionalizadora del ministro Quiroz», sostuvo el senador.
Y agregó la dirigenta que «son muchas las cosas que hace la fundación que otras instituciones, por más que busquemos, no desarrollan, como dar una atención integral, o alfabetizar digitalmente a los adultos mayores. Los centros que hacen tejido, con talleres, entregan formación. ¿Sabe? Cuando no se conoce la realidad de los territorios es difícil darse cuenta el impacto que nosotros tenemos en las comunidades, que son vulnerables. Por lo tanto, estos centros son un aporte esencial para ellos…».
