El retiro de bienes se concretó este jueves por una deuda cercana a los $101 millones. Aunque la administración atribuye el origen del problema a compromisos heredados, la jornada transcurrió con una llamativa normalidad entre trabajadores que ya parecen habituados a convivir con la crisis financiera de la institución.
Por Joaquín López Barraza
No hubo escenas de tensión ni funcionarios tratando de impedir el procedimiento. Más bien, escritorios despejados, muebles moviéndose de una oficina a otra y conversaciones prácticas sobre cómo reorganizar el trabajo del día siguiente.
Así se vivió este jueves la ejecución del embargo de bienes en dependencias de la Corporación Gabriel González Videla (CGGV), medida derivada del no pago de dos facturas que suman cerca de $101 millones y que terminó impactando directamente los espacios de trabajo de quienes aún permanecen en la institución.
Diario La Región estuvo en el lugar y pudo constatar que, lejos del dramatismo que podría suponerse frente a una acción judicial de este tipo, el ambiente estuvo marcado por una mezcla de resignación y pragmatismo. Algunos funcionarios despejaban sus puestos, otros comentaban qué bienes seguían disponibles y varios asumían con naturalidad que habría que adaptarse una vez más a las consecuencias de una crisis que ya dejó de sorprender.
La deuda que originó el embargo corresponde al factoring BL Capital por el no pago de dos facturas emitidas por la Constructora La Genoveza Ltda., empresa dedicada a trabajos de conservación e infraestructura en establecimientos educacionales que administraba la corporación como sostenedora de la educación comunal.
«Hoy se nos informó del retiro de los bienes que ya se encontraban rotulados en este embargo. Esto es producto de una deuda con el factoring BL Capital por el no pago de dos facturas que suman cerca de 101 millones de pesos», explicó el secretario general de la CGGV, Eduardo Rodríguez Pinilla.
Según detalló, los documentos corresponden a servicios prestados durante la administración anterior, encabezada por el entonces alcalde Roberto Jacob, y forman parte de un escenario financiero mucho más complejo.
La deuda total de la corporación, transparentada por la actual administración, asciende a cerca de $85 mil millones e incluye compromisos previsionales, proveedores, impuestos y descuentos obligatorios heredados.
«No se puede saldar esta deuda de forma inmediata, ya que es heredada y no está considerada en el presupuesto actual. Por lo mismo, no nos quedó más alternativa que asumir el embargo, proceso en el cual hemos colaborado constantemente con la receptora judicial para hacer la entrega de la manera más expedita posible», señaló Rodríguez.
La situación era conocida desde enero, cuando el Segundo Juzgado de Letras de La Serena decretó el embargo de más de un centenar de bienes por esta causa. La actual administración había advertido además que existían otras solicitudes similares en curso.
Mientras la corporación anunció medidas de contingencia, como reposición de mobiliario y la implementación de teletrabajo cuando corresponda, entre los trabajadores las dudas parecían bastante más terrenales: cómo se reorganizarían las oficinas, cuántos escritorios quedarían disponibles y si habría que compartir espacios o equipos durante los próximos días.
Porque más allá de las cifras millonarias y de las responsabilidades políticas que se discuten en tribunales, la crisis financiera terminó materializándose en algo mucho más cotidiano: funcionarios que, en medio de una jornada laboral aparentemente normal, tuvieron que hacer espacio para que parte del mobiliario saliera del edificio por orden judicial.
