Un total de 1.825 viviendas fueron clasificadas con daños mayores o pérdida total en la Región de Coquimbo tras el paso del último sistema frontal. La cifra representa el 22,4% del total de 8.133 Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) que los municipios han logrado ingresar al sistema estatal hasta la fecha.
Por Joaquín López.
Ante la magnitud del impacto en terreno, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, recorrió las zonas más golpeadas en Islón y El Hinojal (La Serena), además de El Arrayán en Vicuña, donde detalló los montos del plan de respuesta habitacional.
Según confirmó el secretario de Estado, los inmuebles catalogados en «daño crítico» recibirán subsidios de reconstrucción de hasta 1.400 UF, a los que se sumarán 200 UF para la habilitación del terreno, alcanzando un techo de 1.600 UF (unos $60 millones). En tanto, para las viviendas con daños severos pero reparables se asignarán hasta 400 UF (aproximadamente $16 millones), mientras que las reparaciones menores recibirán aportes de entre 40 y 100 UF.
Proyectan 7.000 viviendas con daño mayor o destrucción total
Sin embargo, el balance actual es solo el comienzo. El propio Ministerio de Vivienda proyecta que el número total de fichas en la Región de Coquimbo escalará a las 36.000 a medida que avance el catastro en los sectores aislados, de las cuales cerca de 7.000 terminarán en la categoría de daño mayor o destrucción total.
«Como ministerio nos encontramos visitando los hogares para la constatación de daños, mediante equipos técnico-sociales. Todos los funcionarios lo hacen portando su credencial institucional. Esto es importante, para evitar problemas o malentendidos en el proceso», dijo el director (s) de SERVIU, Francisco Alfaro.
La alerta por
campamentos en
zonas de aluvión
La emergencia también dejó al descubierto el riesgo latente en los asentamientos informales de la zona. De acuerdo con el seremi de Vivienda, Pablo Cuadra, durante el evento meteorológico se monitorearon 28 campamentos en la región, detectando que 26 de ellos están levantados directamente en zonas de alta exposición a aluviones, derrumbes e inundaciones.
«Nuestro objetivo es resguardar la integridad de las personas. Desde el nivel central se está evaluando una modificación normativa que busca evitar que las familias se vuelvan a instalar en zonas de riesgo», enfatizó Cuadra.
A raíz de esta situación, el Gobierno evalúa impulsar una modificación normativa para prohibir la reinstalación de familias en terrenos de riesgo y forzar su relocalización, un problema estructural que amenaza con repetirse en los próximos inviernos si no se ejecutan erogaciones e intervenciones definitivas.
