Por: Bastián Álvarez Pardo
La mañana de este lunes 26, el presidente José Antonio Kast confirmó que el Ejecutivo suspendió todas las tramitaciones de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores.
El Primer Mandatario aseguró que se está revisando, uno a uno, cada decreto y que «se utilizarán todas las herramientas legales y administrativas que permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas».
Además, señaló que, más que remover al ministro de Justicia, Fernando Rabat, la solución pasa por corregir el error en la tramitación de los decretos y solucionar el tema de manera administrativa.
Sin embargo, desde la oposición, lejos de acoger las palabras del presidente, plantearon la idea de presentar una acusación constitucional contra Rabat y volvieron a exigir su salida del cargo.
Oposición insiste en AC contra Rabat
Daniel Manouchehri, diputado PS, plantea que «el Gobierno respalda decisiones pro-pederastas. Rabat impulsó rebajas de condena para violadores de niños. Si Kast lo sostiene, el Congreso debe sacarlo».
Además, el diputado socialista señala que «tenemos que impulsar una acusación constitucional. La gravedad de lo que hizo no depende de cuántos votos tengamos. ¿Debe seguir como ministro de Justicia alguien que firma beneficios para violadores de niños?. Que cada parlamentario explique su voto ante las víctimas y que la ciudadanía juzgue».
Walker: Decisiones
no pueden ser
solo políticas
Matías Walker, senador del Comité Independiente, planteó que es esencial que las decisiones respecto de los decretos de rebaja de condena no pueden recaer exclusivamente en la autoridad política.
Este lunes, Walker señaló que «le pedimos al ministro de Justicia agotar todas las vías administrativas y legislativas para dejar sin efecto los decretos que liberaron a los pedófilos».
A juicio de Walker, el fundamento de dicha petición es claro, dado que expresamente la ley excluyó del beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
«También se dará suma urgencia a nuestra moción que crea tribunales de ejecución de condenas. Sacar a la autoridad política de las decisiones es clave, también escuchar a las víctimas, al Ministerio Público y Gendarmería», agregó el parlamentario.
