Acción de gobernadora «fue desproporcionada», aunque dentro de sus facultades

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Nadie ha quedado indiferente a lo sucedido este martes en la sesión del CORE, luego que ella autorizara la presencia de la fuerza policial para desalojar a funcionarios que de manera pacífica se manifestaban.

La gobernadora Krist Naranjo enfrenta un complejo panorama a la espera de un fallo de la Corte Suprema, tras una denuncia por mal uso de vehículo fiscal y abandono de deberes. A eso se suman una serie de conflictos internos que ha tenido con los funcionarios del GORE, con despidos (19), mal clima laboral y cambios de unidad en trabajadores.
Manifestaciones en el frontis del edificio, como la semana pasada luego del despido del jefe de Administración y Finanzas y el cambio de funciones de otro trabajador con más de 20 años de experiencia en el Departamento de Gestión y Finanzas.
Y este martes, dirigentes de la Nueva Asociación de Funcionarios hicieron ingreso al Salón Gabriel González Videla con una pancarta y la consigna: cero respeto, cero gestión.
Esto motivó la presencia de Carabineros para ser desalojados, a solicitud de la gobernadora. Solo la intervención de los consejeros regionales evitó que así ocurriera.

MALTRATO GENERALIZADO

«Es lamentable lo que está pasando, con un maltrato generalizando a funcionarios que de manera pacífica querían conversar en el Consejo Regional y hacer la solitud de ir restaurando las decisiones que se han tomado. Llamar a la fuerza pública como si esto fuera un atentado o afectara la vida de ella, es demasiado. Esto no tiene precedentes y quedamos en evidencia a nivel nacional, pues tenemos una autoridad que no tiene empatía con los trabajadores y eso nos tiene muy preocupados», dijo el Core por el Elqui Javier Vega.
Un panorama que, por lo visto, no tiene cómo entrar en línea recta luego de las declaraciones de la gobernadora.
«Respecto a la Nueva Asociación, algunos funcionarios protestan cuando no debiese ser, porque el diálogo está abierto. Se les ha ofrecido reuniones continuas y este martes se negaron, no quisieron escuchar propuestas, entonces ellos mismos han cerrado el diálogo».
De lo sucedido el martes, «creemos que pueda haber algún sesgo político que está interfiriendo directamente este tipo de manifestaciones ciegas, que no llegan a ningún puerto, y a diferencia de la otra asociación de funcionarios que tenemos, sí existe un diálogo abierto y sí podemos llegar a buenos resultados y acuerdos».
Culpó precisamente la intervención de los funcionarios «en una importante votación para los vecinos de El Sauce, lo cual nos preocupa…».

Facultades

Jamás en la historia de una sesión de consejo había ingresado la fuerza policial para un desalojo. ¿Pueden ingresar?
La abogada María José Lira, magister en Derecho Público y académica de la UCEN, región de Coquimbo, aclaró que en términos de las facultades que la gobernadora tiene como jefa del Gobierno Regional, tanto administrativo y ejecutivo, «puede velar por la seguridad y buen funcionamiento del GORE. No pensemos en los funcionarios, pero si la ciudadanía va a protestar y quiere tomarse el edificio, ella como responsable está facultada para llamar a Carabineros y desalojar el inmueble».
Respecto a lo que pasó, «la gobernadora preside el consejo y dentro de sus funciones está mantener el orden para el buen funcionamiento de la sesión, pero cuál es el problema que existe hoy en el GORE, el cómo se lleva a cabo, cómo se maneja y funciona el consejo, debe estar contenido en un reglamento interno. En el fondo, solo opera que debe mantener el orden. En rigor sí está dentro de sus potestades hacerlo, más allá si encontramos que fue desproporcionado y que no estaba justificado…».
Nadie quedó indiferente al escándalo y bochorno. El diputado Juan Manuel Fuenzalida, como ex intendente, condenó lo sucedido.
«La gobernadora definitivamente está desconectada de la relación con sus funcionarios, no solamente en lo que es el trato laboral, donde es el Gobierno Regional con más licencia de la historia de los gobiernos regionales de la región. No puede tener la falta de tino de tratar como delincuentes a los funcionarios. A mí me tocó ser intendente y siempre, con las legítimas diferencias que tuvimos, hubo cordialidad en el trabajo y en los derechos y deberes que cada uno tiene. Espero que no vuelva a ocurrir y que se aclare toda esta situación».

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