Como se había avisado desde la nueva administración municipal de La Serena, luego de asumir este viernes, la edil Daniela Norambuena, acompañada por el abogado Rodrigo Álvarez y parte del concejo municipal, acudió al Juzgado de Garantía de la comuna para presentar dos querellas en el marco de la compleja situación que vive hoy la corporación municipal Gabriel González Videla.
Se trataría de dos querellas, una dirigida directamente contra el exalcalde Roberto Jacob, y otra general a la Corporación, con la idea de generar una investigación que determine responsables.
Cerca del mediodía de este viernes se presentaron las querellas. «Como actual presidenta de dicha corporación, es mi misión y deber interponer dos querellas. Una contra Roberto Jacob, por apropiación indebida producto del no pago de cotizaciones, junto con declararlas y no pagarlas y, por otra parte, otra querella para quienes resulten responsables en distintas materias, principalmente por fraude al fisco, giro doloso de cheques y la existencia de funcionarios fantasmas comprobados», aseguró Norambuena.
Por otro lado, se supo de la existencia de una empresa de nombre Telmar, en la que se invirtieron grandes cantidades de dinero sin claridad sobre los servicios prestados, además de no tener antecedentes de ser parte de una licitación, por lo que se trataría de trato directo.
«Se habrían girado más de mil millones de pesos para esta empresa, en distintas aristas y áreas, con capacitaciones que no se han realizado, (…). Nunca se entregaron las condiciones ni las funciones específicas, no había control. Y esto recae justamente en esta lamentable situación de quiebra que hoy día presenta la Corporación Gabriel González Videla, con cerca de 50 mil millones de pesos en deuda». Agregó que esta misma semana se destapó que existía un contrato por casi 9 millones para tres guardias de seguridad.
Sin ápice de duda, la alcaldesa hace el alcance de la situación actual de la corporación. «Esta es la corporación más endeudada de Chile y es el fraude al fisco, yo creo, en este tipo de instancias, más grande también en Chile».
En la misma línea, el abogado Álvarez explica que una de las querellas es «por un delito de apropiación indebida de cotizaciones previsionales y, además, declarar y no pagar dichas cotizaciones», mientras que la segunda se trataría de «una querella por el delito de giro doloso de cheques, en el fondo por la utilización de los recursos de salud en educación y viceversa, que finalmente es lo más complejo, un delito de fraude al fisco, el cual involucra una pena de crimen», ambos presentes en el informe de Contraloría.
Comenta el abogado que la apropiación indebida de cotizaciones previsionales tiene una pena desde 3 años y un día a 5 años, «pero acá estamos hablando de dos delitos, por lo tanto, eventualmente, en su oportunidad también vamos a solicitar medidas cautelares en contra del alcalde y, eventualmente, poder llegar a alguna pena que sea privativa de libertad».
Aun así, reitera la complejidad del delito de fraude al fisco, que podría llegar de 5 años y un 1 día hasta los 15 años; por lo tanto, se podría solicitar directamente la prisión preventiva de quienes resulten responsables en la investigación. Por otro lado, junto a los movimientos legales se mantiene la búsqueda de propuestas de soluciones al nivel de deuda de la corporación, donde se espera tener pronta respuesta para evitar medidas más drásticas. «Veremos si de aquí a fines de enero o febrero, vamos a tener disposición de recursos para poder seguir sosteniendo la corporación. Si no lo podemos hacer, lamentablemente la corporación va a tener que liquidarse», sentencia Norambuena.
