El edil serenense se presentará ante el Tribunal Electoral Regional en el marco del proceso por notable abandono de deberes y que busca su remoción. Posteriormente viene una audiencia más y así finaliza la rendición de pruebas, para dar paso a los alegatos finales.
Este jueves, a las 09:00 horas, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, está citado a declarar al Tribunal Electoral Regional de la capital regional. Esto en el marco del proceso de destitución que están solicitando los concejales Daniela Molina, Rayén Pojomovsky, Camilo Araya y Daniel Palominos. La asistencia del edil ya fue confirmada por su apoderado judicial.
Cabe destacar que este proceso aborda un presunto notable abandono de deberes, que busca la remoción del cargo y además su inhabilitación para cualquier función publica por cinco años, bajo el argumento de contravención de carácter grave a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes.
Es importante señalar que en diciembre se dará paso a los alegatos, y concluida esta instancia, hay un plazo de 15 días para la dictación de sentencia, la que si determina su remoción, deja al alcalde inmediatamente fuera del cargo.
Los argumentos presentados por los concejales apuntan a la deuda previsional informada por la Corporación Municipal Gabriel González Videla, presencia de eventuales delitos de apropiación indebida, vulneración del principio de exposición y falta reiterada de pago íntegro y oportuno de cotizaciones previsionales, entre otras
«Viene esta audiencia, luego otra más y ahí termina la rendición de pruebas: una que es testimonial y la declaración del alcalde. Luego el tribunal debe fijar fecha y hora para los alegatos de las partes del cierre del proceso. Posteriormente tiene plazo para fijar sentencia en primera instancia, lo que debiera suceder entre diciembre y enero», señaló el concejal Camilo Araya.
Por su parte, la concejala Rayén Pojomovsky aseguró que «creo que hubiese sido bastante más ágil este proceso si desde el Municipio no se hubiese apelado, como se hizo. De todas maneras, creo que lo que viene puede ser bastante fructífero, llegando ojalá lo antes posible a una sentencia para terminar el proceso. Las pruebas están ahí, son evidentes, y esperamos que haya una sentencia a lo más a inicios del próximo año. Nuestras expectativas son altas y todo este proceso lo hemos llevado adelante con mucha convicción», subrayó.
En tanto, la concejala Daniela Molina sostuvo que «creemos se han acreditado de manera contundente las razones de la acusación. Recordemos que las siete reclamaciones fueron acogidas por el tribunal, y que está acción, en mi caso particular, no obedece a rencillas particulares ni personales con el alcalde, sino al cumplimiento del deber y las obligaciones que tengo como concejala, toda vez que ante la acción de la Contraloría que emana un informe categórico, sólo cumplí con la obligación del cargo».
