Tras 15 años de dilatación y US$ 500 millones desembolsados, la compañía proyecta invertir otros US$ 20 millones en los permisos que necesita para avanzar y enfrenta recursos en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
Dominga comenzó formalmente la tramitación de más de 700 permisos imprescindibles para avanzar en la construcción de su proyecto minero-portuario, que representa una inversión superior a los 2.500 millones de dólares.
El 1° de mayo, Andes Iron, a través de su gerente general Pedro Ducci, envió cartas a diversas seremías regionales, servicios públicos y la municipalidad de La Higuera para iniciar la obtención de estas autorizaciones, según consignó Teletrece Noticias.
Esta acción llega tras la reciente aprobación ambiental del proyecto en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo, que modificó su estatus de «Rechazado» a «Aprobado» después de años de disputas judiciales.
Desde la empresa insisten en que Dominga es viable y que están dispuestos a invertir cerca de 20 millones de dólares en la obtención de permisos para cumplir con la normativa vigente. Además, destacan que llevan más de 15 años y 500 millones de dólares invertidos en el desarrollo del proyecto.
En la carta enviada a las autoridades, Andes Iron señala que continuará implementando la Resolución Exenta Nº 161, que califica favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (RCA), y resalta su compromiso con estándares internacionales de sostenibilidad como el Pacto Global de las Naciones Unidas.
Sin embargo, el proyecto enfrenta aún una batalla legal en el Tribunal Constitucional, donde el SEA, encabezado por Valentina Durán, mantiene una contienda que ha sido calificada como política y que podría afectar la institucionalidad ambiental y el equilibrio de poderes en el Estado.
Este 20 de mayo, la causa será revisada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, con la participación de Andes Iron, la Sociedad Nacional de Minería y sindicatos, que se han unido en apoyo a la iniciativa, resaltando la importancia de la inversión y el derecho al trabajo.