Caso Romario en el TC y es posible que el juicio oral se haga el próximo año

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La defensa del capitán Faúndez interpuso un requerimiento ante el Tribunal Constitucional de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, lo que podría alargar los plazos de audiencia del juicio fijada para el 2 de noviembre. «Como se verá el fondo y habrá nuevos alegatos, es muy probable que la fecha de juicio oral se tenga que posponer…», lamenta uno de los abogados querellantes.

Fue el 20 de octubre de 2019 cuando Romario Veloz cayó herido de muerte por el disparo de un militar, un domingo por la tarde, en la primera manifestación que se hacía en La Serena en contexto del estallido social.

A tres años de lo ocurrido, la audiencia de juicio oral está fijada para el 2 de noviembre. Sin embargo es muy probable que eso no ocurra, luego que la defensa del capitán José Faúndez, quien dio las órdenes de disparo, interpusiera un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una norma que, en concepto de ellos, les impide apelar del auto de apertura en la resolución del juez de garantía, en donde se enumera toda la prueba que será vista, oída y percibida por el tribunal de juicio oral en lo penal.

Incluso se llamó a alegatos respecto de la admisibilidad del requerimiento este martes, «donde comparecimos nosotros como Corporación 20 de Octubre, representados por la colega Karinna Fernández; el Consejo de Defensa del Estado, el INDH, la Fiscalía y la defensa abogando por la admisibilidad y todo los querellantes y la Fiscalía por la inadmisibilidad», cuenta el abogado querellante Marcelo Gálvez, miembro del equipo jurídico.
La resolución fue notificada ayer 19 de octubre y «el tribunal declaró admisible el requerimiento, eso significa que ahora se verá el fondo del asunto, y el TC deberá determinar si efectivamente lo que está solicitando la defensa es pertinente».

Lo que la defensa está alegando es un informe pericial que el juez de garantía de La Serena determinó que era impertinente por la pobre calificación que tenía la persona que lo emitió, «entonces quieren que ese informe pericial balístico esté incluido dentro de la prueba que el tribunal de juicio oral en lo penal de La Serena va a conocer, pero como les fue negado el recurso de apelación, fueron al TC solicitando que se declarara el artículo que les impide apelar como inconstitucional».

Plazos

En esa jornada resultaron heridos de gravedad Rolando Robledo y César Veliz, y eso a juicio de los abogados querellantes es lo más frustrante, porque a tres años todavía no se consigue justicia.

«Nuestra preocupación, más allá de si se declara o no inconstitucional la norma, son los plazos, puesto que tenemos audiencia de juicio oral fijada en esta causa para el 2 de noviembre, y lo más probable, como se verá el fondo y habrá nuevos alegatos, amén que luego se tenga que emitir una sentencia, atendidos los plazos que maneja el TC, es que la fecha de juicio oral se tenga que posponer y por lo tanto que el juicio se haga derechamente el próximo año».

A juicio de Gálvez, ralentizar el proceso «es una estrategia que la defensa ha adoptado desde la audiencia de preparación de juicio oral, en que amparados en cierta interpretación de las normas del código procesal penal, pidieron peritajes que fueron concedidos, lo que retrasó la audiencia de preparación de juicio oral varios meses, y ahora este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad viene a retrasar la celebración del juicio».

Claro, todavía está fijada la audiencia y por eso no es un hecho, «pero sí es una probabilidad muy alta por los tiempos que maneja el TC, que en menos de dos semanas no podrá llamar a los alegatos, ver el fondo y dictar sentencia».

Víctimas

Esta situación ha sido informada a las víctimas, especialmente a Mery Cortez, madre de Romario Veloz, «y evidentemente no están conformes con la situación, pero como querellantes debemos conversar con franqueza y decirles esto. Estamos compenetrados y entienden que siempre damos el mejor esfuerzo, pero siempre la palabra final la van a tener los tribunales de justicia».

Asegura que hay cierto grado «de frustración», porque en el fondo -advierte- existe un esfuerzo enorme del equipo jurídico, «pero especialmente de las víctimas, como participantes activos de estas causas, como Rolando y César, pero también de sus entornos familiares: de hacer que esto avance, en poder lograr la formalización y lograr que se llevaran a cabo diligencias probatorias que llegaran a establecer las responsabilidades de quienes fueron los tiradores, la responsabilidad del mando de José Faúndez, y eso ha sido un trabajo de todos estos años. Estamos conmemorando tres años de estos hechos y por cierto que hay un grado de frustración, aunque por otro lado siempre está la esperanza en que la justicia tarda, pero llega».

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