El presidente de la comisión, José Montoya, explicó que es de suma importancia para el CORE poder participar de estas reuniones y manifestar públicamente su preocupación por las personas afectadas.
«La comisión de educación ha mostrado su preocupación, lo que me parece bastante pertinente porque los cores son representantes de la comunidad, por lo tanto hay temas que interesan. Si bien es cierto no tienen una injerencia directa en el problema, es legítimo que los consejeros estén preocupados y ojalá por medio del pleno se pueda aportar alguna opinión y buscar algún tipo de solución a través de sus autoridades», comentó Montoya.
Luego de dos semanas de paro en la recién creada Superintendencia de Educación, la comisión de Educación y Cultura del Consejo Regional recibió a su director, Alfredo Villagrán y Clara Olivares, representante de la ANEF, quienes expusieron las razones del conflicto que tiene como tema central las remuneraciones de sus funcionarios.
Villagrán explicó que la problemática se origina en el momento en que funcionarios del Ministerio de Educación son traspasados a la Superintendencia, lo que implicó una diferencia entre los grados y remuneraciones de los funcionarios.
«Cuando se produce traspaso de funcionarios se produce lo que se llama un reencasillamiento, es decir los funcionarios que tenían un grado pasan a ocupar otro grado en la Superintendencia y se les equipara o se les hace asimilable a la remuneración más cercana que tenía. En algunos casos se producía una diferencia cuando se les traspasaba y esa diferencia se les pagaba con una planilla suplementaria», señaló.
El mismo Villagrán adelantó que si bien la planilla suplementaria ha sido el principal motivo de la discordia, «hoy día trabajando para los efectos de lograr que esa planilla suplementaria sea lo más baja posible. En todo caso, se trata de una planilla que es tributable, una planilla que es reajustable y se trata de una planilla que en definitiva también forma parte de la remuneración».
De esta manera, el director de la Superintendencia adelantó que probablemente durante la próxima semana podría existir una respuesta de nivel central frente a este tema.
Por otro lado, Aguirre manifestó que si bien no es responsabilidad de la Superintendencia, son 22 los funcionarios afectados que se encuentran en paralización desde el 3 de septiembre.
«Entonces desde nivel central no ha existido una respuesta oportuna, sino que ha sido muy confuso y ha generado aún más desconfianza entre los funcionarios», señaló.
Agregó que el interés de los funcionarios es encontrar el apoyo del Consejo Regional para agilizar las gestiones de solución con la autoridad pertinente.