La región más afectada del país recibió este jueves la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. En la sesión se abordaron las conexiones entre bandas criminales, redes de exportación ilegal y posibles nexos con militantes del Partido Republicano. «No estamos hablando de alguien en bicicleta con un alicate, sino de una industria delictiva que opera con redes, logística y poder económico», advirtió el diputado Manouchehri.
Por Joaquín López Barraza
A las 10:00 de la mañana comenzó en el Aula Magna de la Universidad Central de La Serena la primera sesión en regiones de la comisión especial investigadora del Congreso que busca esclarecer el fenómeno del robo de cables en Chile. La cita se instaló en la capital de la región más golpeada por este delito: Coquimbo acumula 59.198 metros de cobre sustraídos solo entre enero y junio de 2025, y registra la mayor cantidad de horas de interrupción de suministro eléctrico en el país, particularmente en zonas rurales como La Higuera.
Pero lo que hasta hace pocos años se veía como un problema de seguridad pública asociado a la delincuencia común, hoy es descrito por parlamentarios y autoridades como una red criminal de alta complejidad, con vínculos internacionales, recursos logísticos y, potencialmente, ramificaciones políticas.
Una banda organizada con tentáculos en la política
Durante la sesión, uno de los temas que más marcó el debate fue la investigación judicial en curso contra una red desarticulada por la PDI en la operación «Oro Rojo». La organización, según los antecedentes policiales, no solo robaba cables: fundía el cobre, lo transformaba en placas y lo exportaba fuera del país, utilizando documentación adulterada y operaciones trianguladas para lavar dinero. En los allanamientos se incautaron vehículos, armamento y más de $160 millones en efectivo, en pesos, dólares, euros y reales.
El principal imputado por liderar esta red es Francisco San Martín, empresario con vínculos previos al Partido Republicano. Su figura se hizo conocida luego de difundirse una fotografía en la que aparecía compartiendo un almuerzo con el excandidato presidencial José Antonio Kast.
«Nosotros no estamos diciendo que el Partido Republicano esté involucrado con esta banda, pero tienen que explicar los vínculos con su exmilitante. ¿Por qué lo bajaron de su candidatura a alcalde en Coquimbo? ¿Sabían algo y no lo denunciaron?», cuestionó el diputado Daniel Manouchehri. «Esto no es un robo artesanal. Es crimen organizado con poder de fuego y conexiones».
El presidente de la comisión, Víctor Pino, confirmó que se ofició al Servicio Electoral (Servel) para solicitar información sobre posibles aportes financieros irregulares.
«Queremos saber si hubo financiamiento desde esta red a candidatos o partidos. Es una duda legítima que debemos despejar», señaló. Pino también criticó la ausencia de representantes republicanos citados a la sesión: «No están obligados a venir si son personas naturales, pero políticamente, el silencio también dice mucho».
Comunas completas sin agua ni clases
Desde el mundo local, la alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, llevó el debate desde el crimen organizado al drama cotidiano. «Aquí no es solo que se corte la luz. Se corta el agua potable, se suspenden las clases, las postas no pueden atender y no hay señal telefónica. Y esto pasa cada vez que nos roban cables. Nuestra comuna queda completamente aislada».
La jefa comunal insistió en que La Higuera es víctima de una desprotección sistemática. «Mientras en la ciudad uno puede cruzar la calle para conectarse a otro punto de energía, acá no hay dónde ir. Todo el territorio queda a oscuras. Y lo peor es que esta semana nos volvieron a robar: fueron 900 metros de conductor en plena Ruta 5», denunció.
El seremi de Energía, Eduardo Lara, explicó que la afectación en la zona se mide por el índice SAIDI (duración promedio de interrupción por cliente). «La Higuera lidera ampliamente. Y esto no solo es un problema técnico. Es un problema social que compromete derechos básicos», dijo.
Desde CGE, la empresa eléctrica con mayor presencia en la región, se informó que solo durante el primer semestre se han robado más de 209 kilómetros de cable en su zona de concesión. Coquimbo representa más de una cuarta parte de ese total.
El salto delictual: de un poste al puerto
En la sesión también intervino el seremi de Seguridad Pública, Adio González, quien hizo una lectura de la evolución del fenómeno. «Entre 2021 y 2022 pasamos de robos puntuales a estructuras criminales. Ya no se trata de un sujeto robando con un alicate. Hablamos de bandas organizadas, con planificación, transporte, fundición y canales de exportación. Y eso requiere otro tipo de persecución y otra coordinación institucional».
La diputada Nathalie Castillo propuso que el Congreso avance en medidas concretas: «Hay que levantar el secreto bancario en estos casos. La ruta del dinero nos va a permitir saber quién se beneficia realmente de estos delitos. Hay gente que se sigue oponiendo a esto en nombre de la privacidad, pero cuando hay posibles nexos con el financiamiento de la política, la transparencia tiene que prevalecer».
