Según la acusación de la Fiscalía, el acusado en su calidad de administrador y representante legal de la contribuyente Sociedad Comercial La Italiana Limitada, aumentó indebidamente el Impuesto de Valor Agregado, IVA, crédito fiscal que dicha sociedad tenía derecho a hacer valer, correspondiente a los periodos tributarios mensuales de marzo de 2008 a febrero de 2011, mediante la contabilización y registro de 326 facturas material e ideológicamente falsas.
Estas facturas fueron posteriormente declaradas en sus formularios 29.
Adicionalmente, entre los meses de marzo de 2008 a abril de 2012, en distintas fechas, el acusado, a través de la contabilización como costos y/o gastos del valor neto de las operaciones ficticias consignadas en dichas facturas y su posterior declaración en los formularios 22 sobre declaración anual de Impuesto a la Renta de dicha sociedad correspondientes a los años tributarios 2009, 2010, 2011 y 2012, aumentó artificialmente el monto de los costos y/o gastos de dicha sociedad, disminuyendo de esa forma la base imponible del Impuesto a la Renta de Primera Categoría declarado por dicha sociedad.
El alto perjuicio fiscal causado por dichas maniobras – cerca de 650 facturas fueron presentadas por la Fiscalía- correspondió al Impuesto a la Renta de Primera Categoría y por concepto de reintegro de devolución indebida establecida en el artículo 97 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, en perjuicio del Fisco de Chile.
El Fiscal de Ovalle, Freddy Salinas, dijo que el caso se pudo probar con prueba testimonial en función “que el actual sentenciado era efectivamente quien manejaba la empresa y daba las órdenes directas para el negocio y no podía sino tener conocimiento que las facturas eran falsas. Por otro lado prueba pericial que se tradujo en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos para acreditar las operaciones que se hacían referencia en las facturas eran inexistentes y falsas”, explicó.
El Juzgado de Garantía de Ovalle acogió la prueba de la Fiscalía y condenó a Eccher a la pena de 3 años de presidio y una multa de más de 500 millones de pesos, por dos delitos tributarios. “Son delitos complejos de ser acreditados e investigados y (la prueba) era suficientes para condenar”, añadió Salinas.
