Representantes de Greco App, sindicato que reúne a conductores de aplicaciones móviles, presentaron una carta en las diferentes Seremías de Transporte con el fin de solicitar que se considere a los distintos actores en la confección del reglamento de la Ley 21.553, tal como le fue solicitado al ministro Juan Carlos Muñoz en sesión de Cámara del 24 de enero de 2023.
Fue el pasado 19 de abril cuando fue publicada en el Diario Oficial la Ley EAT, que regula a las empresas de aplicaciones de transportes, también conocida como «Ley Uber». La normativa crea un registro de empresas, vehículos y conductores de aplicaciones, además de exigir licencia de conducir profesional.
En ese contexto, Mario Valdés, presidente del Sindicato Greco App de la Región de Coquimbo, que reúne a cerca de 12 mil conductores de aplicaciones en Chile y unos 155 en la zona, cuenta que «todas las agrupaciones estamos unidas, así, durante este lunes se presentó una carta a nivel nacional en todas las seremías de Transporte para poder ver dos puntos».
El dirigente detalla que el primer punto tiene que ver con la Ley 21.431, que regula los contratos de trabajo, «pero con la que tenemos mayores problemas es con la 21.553, porque cuando sale publicada en el Diario Oficial, el 19 de abril del 2023, regula a los conductores y los vehículos».
«Entonces, en el artículo 1 de los transitorios, da un plazo de 9 meses para poder hacer un reglamento de esa ley, y cuando se aprobó esta normativa en la Cámara de Diputados, se le pidió al Ministerio de Transporte que pudiera involucrar a los actores, que son los sindicatos de conductores, para poder confeccionar este reglamento», explica.
Agrega que «el ministro de Transportes, en su tozudez, no ha querido llamar a los conductores, entonces, de cierta forma, este asunto se está cocinando entre cuatro paredes en el Ministerio de Transportes en Santiago, y no estamos de acuerdo, porque no nos están involucrando ni en el reglamento ni en la toma de decisiones para este efecto».
«Además nosotros, por motivos de seguridad, estamos pidiendo que de la misma ley se pueda implementar el artículo 5 letra J, ya que esto obliga a las aplicaciones a mantener un registro de identificación del pasajero, incluyendo nombre, Rut o domicilio», recalca.
Valdés enfatiza en que esto es importante, «ya que el año pasado asesinaron a 23 colegas y este año ya van 4, entonces, con esa identificación del pasajero podemos ver cuando el usuario vaya a subirse al vehículo que sea quien corresponda con la foto que la aplicación tiene de él, y lamentablemente en la mayoría de los asaltos y asesinatos estas cuentas son adulteradas».
«En ese sentido, en la carta que enviamos pedimos que se reúnan con nosotros en una mesa para poder conversar sobre el reglamento, que nos están dejando fuera, que lo están cocinando entre cuatro paredes y que se implemente el artículo 5 letra J, de la misma ley 21.553», puntualiza.
Agrega que «hasta el día de hoy, sin que salga el reglamento, están exigiendo que los vehículos tengan una antigüedad de tres años y no más allá de eso, por lo que si se aplica este 2023, los autos que podría quedar en el sistema serían los del 2020 hacia adelante, lo que significa que el 82% de los conductores quedaría cesante por no cumplir la antigüedad de los autos, y además cerca del 72% de las personas cuenta que es el único trabajo que tienen».
