El pasado 21 de abril, el Consejo Regional de Coquimbo había entregado un apoyo político al proyecto minero portuario Dominga, generando alerta por parte de agrupaciones medioambientales, quienes acudieron a Contraloría para consultar si el cuerpo colegiado contaba con las atribuciones para hacerlo.
Este jueves llegó el informe del ente fiscalizador y señala que está fuera de sus facultades. Desde el CORE enviarán un recurso de reconsideración.
aprobaciones y tres rechazos los miembros del Consejo Regional (CORE) de Coquimbo habían acordado un voto político de apoyo a la implementación futura del proyecto minero Dominga en la región de Coquimbo.
La instancia fue presentada a través de un texto, el cual fue aprobado por los consejeros de Elqui: Adriana Peñafiel; Paola Cortés; Marco Antonio Sulantay; Marcelo Castagneto y Lobardo Toledo. De Limarí: Lidia Zapata; Alberto Gallardo; Teodosio Guerrero y Hanna Jarufe. De Choapa: Angela Rojas; Jaime Herrera; Cristián Rondanelli y Cristian Carriel. En tanto, los consejeros Carlos Galleguillos; Javier Vega y Juan Carlos Codoceo votaron en contra de la iniciativa.
Hecho que no pasó inadvertido y distintas agrupaciones ambientales pertenecientes a la Alianza Humboldt acudieron a Contraloría para que el organismo zanjara si el CORE tenía atribuciones para hacerlo, informe que fue dado a conocer durante este jueves y señala que el cuerpo colegiado «no tiene las facultades».
Para Nancy Duman, vocera de Alianza Humboldt Coquimbo-Atacama, «el dictamen de Contraloría viene a ser una luz esperanzadora de justicia, en medio de esta crisis profunda de confianza hacia las instituciones privadas, públicas y sistema político en general. Al menos existe una institución que dictamina sin presión política ni empresarial, que se ajusta a derecho y lo hace por el bien común».
«Esperamos que las instituciones conozcan y profundicen el alcance de sus competencias y sus actos se al bien común y no a la defensa de sectores de la sociedad. Con este hecho, es evidente que la ciudadanía debe seguir ejerciendo su derecho y deber de fiscalizar los actos públicos para garantizar el fiel cumplimiento de las funciones públicas. Por otra parte, el Gobierno Regional debiera parar inmediatamente cualquier apoyo explícito o implícito al proyecto Dominga mientras esté rechazado ambientalmente y judicializado», agrega.
Duman enfatiza en que «la respuesta del Core Coquimbo nos parece débil, al justificar su apoyo al proyecto por la contingencia sanitaria, cuando ellos disponen de recursos y medios para encontrar soluciones como Gobierno Regional y no por intermedio de una empresa».
En el dictamen de contraloría, se desprende que «en consecuencia, atendido que no aparece que el referido acuerdo haya sido adoptado en ejercicio de las funciones y atribuciones que normativamente corresponden al mencionado cuerpo colegiado, e independientemente de que la referida opinión carezca de fuerza vinculante, resulta forzoso concluir que el acuerdo por el que se consulta no resultó ajustado a derecho, motivo por el cual dicho cuerpo colegiado deberá, en lo sucesivo, abstenerse de adoptar esa clase de decisiones».
Adriana Peñafiel: «Es una opinión cuestionable»
Adriana Peñafiel, presidenta del CORE, confirma que Contraloría le hizo llegar el informe, «es un tema que veremos la próxima semana… estamos confeccionando la tabla»..
«Desde mi punto de vista es una opinión cuestionable, por lo tanto procedería un re-
curso de reconsideración, porque considero que al ser personas electas por la ciudada-
nía perfectamente podemos expresar nuestra voluntad y poder hacer un acuerdo político de esta naturaleza, de lo contrario se nos estaría colocando una censura de lo que podemos hacer y eso no es posible. Si es así, tampoco podríamos haber hecho un acuerdo político para el Túnel Agua Negra, lo relacionado con el fomento de la industria pisquera… nosotros somos una voz de la ciudadanía electa más allá de una identidad política y debemos expresar una voluntad en ese sentido», puntualiza.