Claro que una vez que haya formalizados y que se presenten las querellas respectivas, apuntó el gobernador electo, triunfador en las pasadas elecciones con el apoyo de Chile Vamos.
Fue en septiembre del 2020 cuando estalló el Papaya Gate, y con ello la investigación por la comisión del presunto delito de fraude al fisco en la Intendencia de Coquimbo -dirigida por Lucía Pinto (UDI)-, luego que adquiriera un terreno por 9.800 millones de pesos, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones.
Fue el entonces Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien designó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que comenzara con una indagación, que hoy, sin embargo, poco ha avanzado.
Hoy, nuevas son las autoridades en La Serena y en la Gobernación Regional que podrían involucrarse en la investigación, detenida en cuanto a formalizaciones.
Cristóbal Juliá asumirá el lunes como gobernador, y para él es una causa que «se encuentra en una etapa donde ni siquiera hay formalizados. Por lo tanto, malamente podemos hacernos cargo de algo así cuando toda esta historia está en Fiscalía», cuenta a La Región.
No obstante, afirma que «toda la información, todo lo que requiera el Ministerio Público de nosotros y Contraloría, vamos a estar 100% dispuestos a colaborar con la investigación. Y una vez que haya formalizados, una vez que se presenten las querellas respectivas, si es necesario que el Gobierno Regional se haga parte, claro que lo vamos a hacer».
Para Juliá el tema de la probidad no es menor. Por lo tanto, «tenemos que mandar una señal potente a la ciudadanía, pues aquí nadie está por sobre la ley y como GORE nos comprometimos en campaña a ser un gobierno transparente, de la más alta probidad administrativa, que es lo que esperamos de todos los funcionarios que van a ingresar conmigo, así que de todas maneras nos vamos a hacer parte».
En lo personal, dice que le interesa que esta situación se resuelva cuanto antes, «porque ha pasado mucho tiempo, daña la confianza de las instituciones y eso no puede ser».
Acelerar el proceso
La demora en cuanto a resultados, ha llevado a que parlamentarios estén solicitando el cambio de fiscal. Al respecto, Juliá dice «desconocer» cuáles son las motivaciones para pedir una modificación.
«Entendiendo que ha existido un tiempo muy grande desde que estalló el caso, también esperaría, digamos, algún cambio en la celeridad de los procesos. Ahora si está en Fiscalía de Valparaíso, La Serena o Coquimbo, no sé si es relevante. Lo importante es que es un caso de fuerte connotación social, de interés público, y debe resolverse. Así que todas las modificaciones que se puedan hacer con medidas para acelerar el proceso y formalizar a los culpables, contarán con nuestro apoyo para que esto se resuelva lo antes posible».
Juliá ganó en las pasadas elecciones al PC Javier Vega con el apoyo de Chile Vamos, conglomerado de la exintendenta Pinto. Pero, como advierte, «esto no tiene que ver con colores políticos. Independiente si estas personas eran UDI, socialistas o del partido que fuere, a mí no me cabe la menor duda de que no son personas que están comprometidas con la probidad administrativa y con la ley, por lo tanto, sean de donde sean, tienen que pagar con las penas que correspondan. Acá los colores políticos no tienen nada que ver», puntualizó el electo gobernador.
Poca información
Por estos días Juliá se encuentra confirmando al equipo que lo acompañará por los siguientes cuatro años, aunque con críticas al proceso de traspaso.
Si bien no quiso entrar en polémica, sí explicó los motivos de su molestia, argumentado que el proceso de traspaso no ha sido como lo esperaba.
«A inicios de diciembre hicimos un listado de documentos, de información que requerimos para que cuando se haga el traspaso, que es el 6 de enero, se le dé continuidad al servicio y de esta manera no caer en algunas irregularidades, como, por ejemplo, el silencio administrativo, entendiendo que en enero se firman una serie de documentos para otros servicios que son del Ejecutivo y que uno tiene que estar al tanto de esas tareas…».
Fue información administrativa la que solicitaron, «precisamente para darle continuidad al servicio, pero lamentablemente cuando ha pasado más de un mes de que hicimos esta solicitud, la información ha sido escasa».
Espera contar con la información junto a su equipo para dar continuidad al servicio y de esta manera «no caer en el silencio administrativo, no caer en irregularidades, no llegar a bucear, digamos, al Gobierno Regional con la información que requerimos».
Y aunque admite que la relación ha sido excelente con el actual gobernador Ibacache, «lo que pasa es que no nos llega la información. La relación ha sido buena, bien cordial. De hecho, el gobernador siempre me ha contestado, siempre hemos conversado, nos hemos reunido, ha estado todo muy bien en ese sentido…».
