Observadores Ciudadanos de Derechos Humanos aseguran que hasta los padres los han llamado contando lo que ocurre y para pedirles ayuda: «Lo que menos podemos hacer nosotros es quedarnos callados, denunciar lo que está pasando y que el resto de la población se entere».
Con la pandemia del coronavirus ahí, acechando diariamente, no hay tiempo para pensar en otras cosas. Sólo cuidarse y evitar los riesgos de contagio. Sin embargo, los jóvenes detenidos en la revuelta social del 18 de octubre del año pasado, hoy no lo pasan bien, debido a que este mes tienen fecha de audiencia.
Y varios son, dice Olga Valenzuela, quienes se han acercado a ella y al resto de los Cascos Rojos (Observadores de Derechos Humanos) para contar sus problemas. Y peor aún, que están siendo amenazados. «O nos declaramos culpables para que nos den un año, o de lo contrario son más…», cuenta angustiado Aníbal Plaza (24), detenido en diciembre y esperando en su hogar que la audiencia de este mes «todo salga bien».
Llamada de sus madres
Presencial no será, debido a la contingencia. Pero la rabia e impotencia de estos jóvenes y de Olga, quien se ha ganado el cariño de todos, desde que comenzaron las manifestaciones, es la misma.
«Nosotros como cascos rojos hemos recibido las llamadas de las madres y de sus hijos, detenidos durante la revuelta, quienes están siendo citados a la fiscalía, y en varios casos les han dicho que se declaren culpables porque de esta manera tendrán un año de detención en vez de tener dos, tres o más. Todo esto está pasando como muy por debajo respecto a lo que está ocurriendo con el tema del coronavirus, así que como cascos rojos pensamos y creemos que es un atropello a los Derechos Humanos».
La molestia radica principalmente porque «en la situación que está viviendo el país, tener cabros detenidos solamente por haber tirado una piedra es aberrante, inaudito, porque un tipo que roba y que asalta va a control de detención y luego queda en libertad, pero un chico que se está manifestando, que lanza una piedra, que es detenido por desórdenes públicos, como llama el Gobierno a manifestarse, le están dando un año de prisión. Eso, de verdad, no corresponde, más aún con la situación que está viviendo el país, donde están todos hacinados en las cárceles, cabros que son estudiantes, que no son delincuentes. Por tanto, lo que menos podemos hacer nosotros es quedarnos callados, denunciar lo que está pasando y que el resto de la población se entere».
El temor es que todo quede en el anonimato y porque recién «están tomando a la gente que cayó detenida en el mes de noviembre, así que falta diciembre, enero…, lo que quiere decir que queda una cantidad de chicos que aún no han sido citados…».
Penas más largas
Aníbal vive en Las Compañías y ese día que cayó detenido aún lo recuerda. Fue cerca del Liceo de Niñas, luego derivado al retén de Carabineros, posteriormente a La Antena para constatar lesiones y, al día siguiente, a los tribunales para el control de audiencia.
«En el control nos dijeron que teníamos que declararnos culpable para que nos dieran menos años, de lo contrario la pena sería más grande. La verdad es que hoy no sé qué pensar, capaz que nos envíen a la cárcel o a labores públicas, que lo veo complicado», cuenta.
Como él, son varios los jóvenes «que están pasando por la misma situación, y de verdad que en los tribunales nos dijeron que teníamos que declararnos culpable para que nos tiraran un año. Y me preocupa esta situación por mi mamá, que igual está triste, pues soy el más chico y todo por la marcha, pues cuando ves harta gente marchando igual te dan ganas de quedarse y marchar. ¿Sabe? No tengo temor que salga mi nombre, porque nada malo hice ese día que me tomaron detenido…».
Nuestra ayuda
Esta situación, dicen los observadores, también la harán pública a través de un comunicado viralizado por las redes sociales, básicamente porque «queremos destacar que, escudándose en la alerta de salud que atraviesa la población, desde el Gobierno se ha impulsado una serie de medidas que encubren acciones de amedrentamiento hacia la sociedad civil sin ninguna justificación».
Agrega Olga que «se han comunicado algunas familias para pedir nuestra ayuda, pero creemos que hay más casos, y que no lo han hecho por temor, así que hacemos público estos casos para que aquellos que están pasando por lo mismo se puedan comunicar con los cascos rojos y cuenten lo que les está pasando, ver la forma en cómo podemos ayudar y de qué manera los abogados pueden tomar sus casos para que no lleguen a Huachalalume».
