Jorge Munizaga, histórico exdirigente regional del Colegio de Profesores, si bien destaca la palabra empeñada por el Presidente Boric en cuanto a la propuesta de pago, cree que el cumplimiento de ese compromiso «está muy lejano de nuestras aspiraciones», y como ejemplo cita a los 846 docentes que hace un tiempo siguieron el camino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Jorge Munizaga (76) fue dirigente del Colegio de Profesores por más de más de 30 años y presidente regional por tres periodos, así que conoce desde su génesis el tema de la deuda histórica.
Fue hace solo días que se concretó el envío del proyecto que busca reparar justamente el perjuicio salarial y una amplia mayoría de los afectados valoró positivamente la propuesta de reparación presentada por el gobierno, de 4,5 millones en dos cuotas y de forma progresiva para alcanzar a todos los docentes afectados en un plazo de seis años.
No obstante, existe preocupación por los plazos estimados para la implementación de esta medida, enfatizando la necesidad de una solución más expedita.
«Cuando teníamos mesas negociadoras se nos ofreció cancelar un monto que era superior al de ahora, pero la asamblea, sin siquiera consultarle a los afectados, lo rechazó porque consideraba que era muy poco y que era indigno lo que se estaba ofreciendo, en circunstancias de que el monto de hoy es menor al que se ofrecía entonces», recuerda.
Lucha titánica
Lo cierto es que el compromiso de saldar la deuda con los cerca de 58 mil docentes existe y hoy deposita sus fichas sobre el Congreso Nacional. «Me parece que el Presidente ofreció esto en su campaña antes de ser elegido y creo que está cumpliendo con lo que dijo».
Sin embargo, el cumplimiento de ese compromiso «está muy lejano de las aspiraciones de los profesores que estamos afectos o que deberíamos ser beneficiados por la deuda histórica».
La deuda se basa en un perjuicio salarial que sufrieron miles de docentes de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que recibieran el reajuste salarial del Decreto Ley N° 3.551 (artículo 40), que fue desconocido por sus nuevos empleadores.
«Hicimos presentaciones al Estado de Chile en varias oportunidades para que se nos pagara la deuda histórica, que fue aumentando, que se fue incrementando. Y se nos dijo que estaba prescrito, que había caducado y al final se determinó que no se nos iba a cancelar. Pero esa deuda seguía vigente, más aún para los organismos internacionales», explica Munizaga.
Desde entonces, una lucha titánica que 40 años después solo unos pocos han podido celebrar, y toma como ejemplo los 846 profesores que fueron por el camino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este proceso, aunque extenuante, era la única esperanza que les quedaba para obtener justicia.
«Somos cerca de 57 mil profesores afectados, de los cuales muchos han fallecido esperando, pero ellos hicieron una presentación hace algunos años a la ONU, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y Laborales para que se les cancelara la deuda…», detalla.
Hace un año
Si bien la determinación fue apelada por el Estado de Chile, hace aproximadamente un año que se les comenzó a cancelar a todos quienes hicieron la presentación.
«Conozco personalmente a uno y por él me enteré que se le había cancelado. Además la ONU, a través de esta Comisión de Derechos Humanos y Laborales, obligó al gobierno de Chile a pagar una multa por daños y perjuicios realizados en contra de los profesores y eso también se canceló».
A su juicio, el Colegio de Profesores estaría en antecedentes de esta situación, «así que no es algo que desconozcan. Y sería interesante que esa respuesta la entregaran ellos -por qué no seguir todos el mismo camino-, pues se lo manifesté a una dirigente en particular y me dijo que eso no correspondía hacerlo ahora».
Lamenta que el directorio nacional «no hizo nada por mejorar esto, cuando estaban en conocimiento de que se les había pagado a los otros profesores el 100% de la deuda, y conversé, reitero, con una dirigente nacional y me dijo sí, que estaban conscientes de eso, pero eso no se puede volver a repetir y por qué no, cuando en justicia esto bien pudo haber marcado un precedente».
