Tras reportaje de CIPER, Adriana Rojas, abogada de la familia de Romario Veloz, dice que en la defensa del capitán ha intervenido el Ejército y que se presentarán pericias realizadas por una entidad de la misma rama castrense. Advierte que «solo pueden tener una defensa institucional cuando han sido víctimas de delitos o bien estén siendo acusados en casos de injurias y calumnias, no cuando es el imputado de un crimen»
Este lunes, el caso de Romario Veloz, asesinado por una bala militar en octubre de 2019, entrará en su etapa de juicio oral. Tras un largo periodo de espera por parte de su familia y su equipo jurídico, y no exento de complejidades «debido a las medidas dilatorias desplegadas para que este juicio no se desarrolle», sostiene la abogada de la familia de Veloz, Adriana Rojas.
Como parte de la Corporación 20 de Octubre, lamenta que la defensa del capitán Faúndez haya presentado, según CIPER, análisis balísticos realizados por el Instituto de Investigación y Control (IDIC) del propio Ejército, lo que es cuestionado porque no sería una entidad imparcial y no estaría entre la facultades del IDIC realizar este tipo de pericias para privados.
«Nos preocupa y los hemos dicho desde hace varios años: el Ejército ha estado interviniendo en este caso, y cómo se ha estado amparando o resguardando a los militares, utilizando recursos públicos para financiar a sus abogados y peritajes, tal como quedó en evidencia en el reportaje que salió en CIPER».
Sin embargo, Contraloría desestimó estos reclamos, y para Rojas «es preocupante, porque no satisface el rol fiscalizador que debe cumplir, de que efectivamente los dineros del Estado no sean utilizados para fines personales o privados. Nos parece grave que estos reclamos se hayan desestimado por parte de Contraloría y nos parece que el ente fiscalizador debe volver a revisar esos antecedentes, ya que no es suficiente con la respuesta e información que da el Ejército, pues tiene que jugar un rol fiscalizador y pedir explicaciones a propósito de este reportaje».
Reconoce que la normativa es bastante clara, pues solo pueden tener defensa institucional aquellos miembros del Ejército que hayan sido víctimas de delitos o bien estén siendo acusados en casos de injurias y calumnias, «pero en el caso del capitán Faúndez esto no ocurre, ya que no estamos hablando de una víctima, sino de una persona que está siendo acusada por un ente investigador y enfrentando un juicio en su contra por delitos cometidos en contra de tres personas».
Medida dilatoria
El reclamo que se hizo en Contraloría, explica la abogada, lo hicieron como querellantes, aunque el primero de ellos fue a propósito de la investigación administrativa al interior del regimiento, «que justamente no se había hecho y por eso se inicia una investigación de la cual aún no tenemos ninguna respuesta ni resultados, ni de Contraloría ni del Ejército».
Y la segunda denuncia dice relación con el uso de todo el aparato del Ejército para la realización de dos pericias, «una ante el IDIC y otra en el Polígono de tiro en El Romero, en La Serena, hasta donde llegaron en vehículos militares tanto los abogados como miembros del Ejército, y nos parece que esta situación es grave».
La abogada comentó que las defensas han acudido en dos ocasiones al Tribunal Constitucional (TC) y que ahora mismo se encuentra tramitándose un requerimiento ante el TC, «que claramente es una nueva medida dilatoria. Incluso, la audiencia de este lunes la intentaron correr con argumentaciones que, en definitiva, fueron desestimadas por el Tribunal. Pero existe una insistencia y una decisión de que este juicio no se desarrolle por parte de la defensa del capitán Faúndez, no así las otras defensas».
Después de tres años y nueve meses, se inicia el 31 de julio el juicio contra el capitán de Ejército imputado por los delitos de apremios ilegítimos causando la muerte, apremios ilegítimos causando lesiones graves gravísimas y apremios ilegítimos y lesiones graves; pero también de los conscriptos C.J.R.O. y J.A.A.M. como autores de los delitos de apremios ilegítimos causando la muerte y apremios ilegítimos y lesiones graves, respectivamente; y del cabo M.A. R.B. como autor del delito de apremios ilegítimos, causando lesiones graves gravísimas, todos hechos ocurridos en las inmediaciones del terminal de buses de La Serena.
Se prevé un juicio oral de 20 días hábiles.
