Luego del revuelo causado por los informes de contraloría, usuarios acusan falta de criterio a la hora de emitir los permisos.»Yo no estoy jugando con mi enfermedad, estoy luchando por vivir unos años más», aseguró Isabel Guerra, paciente oncológica.
Por: Valentina Echeverría O.
El masivo mal usó de licencias médicas revelado entre mayo y junio por la Contraloría ha generado un endurecimiento en las sanciones tanto para quienes abusan de este documento, como para los médicos que entregan un certificado injustificado y las instituciones que permiten o encubren este abuso. Sin embargo, a raíz de estas nuevas medidas se ha perjudicado a personas que realmente necesitan el beneficio, especialmente quienes enfrentan enfermedades graves, como el cáncer.
Sin sueldo hace más de 20 días
Isabel Guerra, integrante de la agrupación Guerreras Hermosas, es una de las afectadas. Paciente oncológica desde hace un año, relató que nunca había tenido problemas con sus licencias médicas, hasta ahora. «El 6 de junio me hicieron una mastectomía para evitar que el cáncer siguiera avanzando. Antes de entrar al pabellón, revisé mi licencia, que va de mayo a julio, y vi que la próxima fecha de pago era el 12 de junio. Estaba todo en regla, así que entré tranquila a la operación».
Sin embargo, el día de su pago, el dinero no llegó. «Fui al Compin de La Serena, toda adolorida, el 13 junio y me dicen que mi licencia había sido rechazada por mi empleador de Santiago, a pesar de que antes ya me la habían aprobado y que ahora se está solicitando un informe médico que indique si mi cáncer es curable y cuánto tiempo de tratamiento me quedaba. En pocas palabras: ‘está se muere o no se muere’».
Según explicó, el rechazo de su licencia de 60 días no fue notificado formalmente hasta días después, cuando su médica tratante recibió la solicitud del informe. «Mi doctora lo envió, especificando que mi cáncer es agresivo y que no tiene fecha probable de término. Aún no tengo respuestas si podré o no tener mi licencia que, insisto, ya había sido aprobada».
Mientras los días pasan la incertidumbre crece. «No me han pagado la licencia hace más de 20 días, estoy viviendo de la caridad de amigos y con una mama menos. Si no me aceptan la licencia, voy a tener que volver a trabajar igual el 18 de julio y ahí es cuando uno más se enferma porque deja el tratamiento a medio camino».
Con impotencia, Isabel agregó que «no podemos estar pagando justos por pecadores. Si durante un año el Compin recibió mis licencias, no puede venir ahora, justo con este escándalo, decirme que me la van a rechazar, si durante mucho tiempo no me pusieron problema. Yo no estoy jugando con mi enfermedad, yo estoy con una pechuga menos, ¿Como voy a salir del país? ¿Cómo voy a estar inventando esto? si estoy luchando por vivir unos años más».
Licencias rechazadas
Una situación similar vive Katherine Rojas, quien este jueves debía recibir su pago por licencia médica, pero en cambio, le notificaron el rechazo del documento y que desde ahora debe presentar una licencia de invalidez. «Es un shock muy grande porque yo sabía que mi cuerpo se estaba deteriorando, pero no esperaba que fuera tan rápido. Nunca me habían puesto problemas con mis licencias y ahora me dicen esto, ¿cuánto me voy a demorar en hacer estos nuevos trámites?, y sin sueldo».
Lo que más le desconcierta es que la decisión la hayan tomado médicos del Compin y no su médica tratante, quien no le había mencionado anteriormente la necesidad de tramitar una licencia de invalidez.
«Yo había ganado un bono antes, pero estando con licencia no me lo pagaban así que tuve que volver a trabajar unos meses para tenerlo, y ahora me había ganado el título de ‘experto dos’, gracias a mi propio esfuerzo, lo que me permitía ganar un buen bono y tener funciones de más liderazgo, entonces que ahora me dijeran que ya no puedo trabajar y no lo voy a recibir ha sido terrible la verdad».
Consultada por estas situaciones, la diputada Nathalie Castillo, fue enfática al señalar que el mal uso de las licencias médicas no justifica que ahora se pongan más trabas para quienes más lo necesitan.
«Este es un derecho que protege la salud y la dignidad de las y los trabajadores, y no puede verse amenazado por una lógica de sospecha generalizada. Debe haber fiscalización cuando corresponde, pero siempre y cuidando que eso no termine afectando a quienes están enfermos y tienen todo el derecho a recuperarse con tranquilidad, no se puede perder de vista que estamos hablando de un derecho, no de un favor».
