Debido a que no canceló el dinero comprometido en acuerdo reparatorio a las 25 víctimas, por imposición del Juzgado de Ovalle en audiencia de julio del 2015, la imputada de estafa, la ex funcionaria del municipio local, Bernardita Carroza Vargas, quedó citada a preparación de juicio oral programado para el 10 de enero, por lo que el Tribunal le aplicó la medida cautelar de arresto domiciliario en la capital.
Luego de ser denunciada por los 25 afectados, en octubre del 2014, Carroza, fue formalizada en la investigación por la fiscalía por el cargo de estafa que habría cometido durante marzo del 2001 y febrero de 2012, cuando ejercía como funcionaria del municipio de Ovalle, en la oficina de prevención de drogas con contrato de honorarios.
Siguiendo con la acusación del ente persecutor penal, la imputada tomó contacto con las víctimas a las que manifestó que podría obtenerles un subsidio habitacional, “atribuyéndose influencias y contactos personales con la municipalidad de Ovalle, induciéndolas a error y engañándolas, con ánimo de lucro, les indicó que por una suma variable que iba entre los $320.000 y $1.000.000, les gestionaría la obtención de una vivienda social en la comuna de Ovalle, en las poblaciones Villa Agrícola y Vista Bella, con lo que le hicieron entrega de diversas sumas de dinero, sufriendo un perjuicio económico, sin que existan gestiones para la obtención de viviendas sociales, derivados de los montos entregados”.
Por otra parte, cuatro meses antes de la formalización, Carroza, fue detenida por la Policía de Investigaciones, PDI en la Región Metropolitana, luego de ser denunciada por 34 personas por haberse hecho pasar por ejecutiva de una inmobiliaria de departamentos para ofrecerles a la venta los inmuebles a bajos precios, a cambio de un adelanto como promesa de compra.
Los detectives determinaron que el monto que los 34 denunciantes le entregaron a Carroza ascendería a uno $40 millones.
Concluida la investigación en julio del 2015, la imputada, de forma voluntaria, asistió al Juzgado de la capital del Limarí a audiencia en la que el Tribunal accedió a aplicarle una salida alternativa con acuerdo reparatorio de pagar a las víctimas 9 millones 100 mil pesos, monto que debía cancelar en cuotas mensuales de 880 mil pesos a partir del 22 de septiembre de ese año.
Sin embargo la ex funcionaria municipal no pagó el dinero, por lo que con orden judicial fue arrestada en la capital, ciudad desde la que fue remitida al Juzgado de la capital del Limarí, para que compareciera en preparación de juicio oral que será realizado el 2017, pero la audiencia fue reprogramada por solicitud de la defensa para el 10 de enero del próximo año, dejando citada a la imputada para esa fecha.
Además el Tribunal impuso a Carroza, la medida cautelar de arresto domiciliario total en la vivienda en la que reside en Santiago.
