Una verdadera carrera contra el tiempo vive hoy la familia de la pequeña Fernanda Rojas, una niña coquimbana de solo dos años nueve meses, diagnosticada con un grave daño neurodegenerativo producto de una intoxicación por metales pesados. A once días de enero, sus padres deben reunir $35 millones antes del próximo 21 de enero, fecha límite impuesta por la clínica en Monterrey, México, para asegurar el tratamiento que podría cambiar radicalmente su calidad de vida.
El caso fue revelado por Diario La Región y tiene como protagonista a María Fernanda Rojas, trabajadora de la multinacional Kinross, Minera Mantos de Oro, Faena La Coipa, quien hoy enfrenta una doble lucha: por un lado, demostrar judicialmente el presunto nexo causal entre su exposición laboral y la intoxicación de su hija; por otro lado , conseguir en tiempo récord los recursos para que la menor acceda a un tratamiento médico que debe iniciarse antes de que cumpla tres años, cuando la plasticidad cerebral aún permite mayores posibilidades de recuperación.
La pequeña, conocida cariñosamente como «Fofi», presenta altos niveles de 13 metales pesados, entre ellos uranio, mercurio, plomo y molibdeno, varios catalogados como cancerígenos categoría A1 y A2 según normativa internacional. Estos metales habrían ingresado a su organismo, presuntamente, por exposición intrauterina o a través de la lactancia materna.
«Mi hija tiene metales en su organismo que no se explican de otra forma. Ella solo se alimentó con leche materna y, sin embargo, tiene niveles altísimos de sustancias que jamás deberían estar en el cuerpo de un bebé», relató su madre.
Un plazo que ahoga
El tratamiento, que se realizará en Monterrey, tiene un costo total de $55 millones de pesos, afortunadamente la familia logró un descuento cercano a los $20 millones. Aun así, el monto restante -$35 millones- debe ser depositado íntegramente antes del 21 de enero, sin posibilidad de cuotas, ya que el pago se realiza a un banco en Estados Unidos para asegurar la reserva del examen y el inicio del proceso médico.
Hasta ahora, la familia solo ha logrado reunir $6 millones, dinero que en gran parte se ha ido en exámenes, trámites médicos y documentación necesaria para sacar a la menor del país.
«Estamos desesperados. Nos adelantaron la fecha de pago y nos quedan solo un par de días para reunir el dinero. Estamos muy por debajo de la meta», reconoció la madre.
El tratamiento comenzaría el 14 de marzo y se extendería por 28 días, justo cuando Fernanda cumple tres años. Incluye una batería completa de exámenes, estimulación cerebral mediante resonancia magnética de baja frecuencia y un seguimiento médico por un año. El objetivo es generar nuevas conexiones neuronales permanentes.
«Hoy Fernanda aprende cosas, pero a la semana ya no las replica. Este tratamiento permitiría que todo lo que ella aprenda no lo pierda, que pueda hablar, comunicarse e interactuar», explicaron sus padres.
Justicia en paralelo
En paralelo, la familia mantiene un juicio de tutela laboral y una demanda civil en favor de Fernanda. Informes entregados por la propia minera a Mutual de Seguridad confirman contaminación del aire con plomo y arsénico por sobre los límites permitidos.
Ante la lentitud del proceso y la falta de apoyo concreto, la familia anunció nuevas manifestaciones y un viaje a Santiago para entregar una carta al Ministerio de Minería, exigiendo mayor fiscalización y protección para los niños.
«No puede ser que los niños sigan siendo silenciados por negligencias. Ninguna familia debería estar pasando por esto, reuniendo dinero a contrarreloj para salvar a su hijo», señalaron.
Hoy, con el calendario en contra y apenas diez días por delante, el llamado de la familia es urgente: apoyo de la comunidad, autoridades y organizaciones, para que Fernanda pueda acceder al tratamiento que podría marcar un antes y un después en su vida. Pudiendo contactar a la familia a través de su Instagram @miafernanada0107.
