Este lunes, a las 8.30 horas, en el TOP de La Serena, se dará inicio a la audiencia en que se informarán cargos en contra de exfuncionarios del Gobierno Regional, entre ellos la exintendenta Lucía Pinto por el presunto delito de fraude al fisco. Querellantes pedirán la prisión preventiva
Por René Martínez Rojas
La tasación original del espacio ubicado en San Ramón, en La Serena, era de 4.000 millones de pesos, cifra mucho menor a la que terminó desembolsando finalmente el Gobierno Regional que fueron casi 10 mil millones.
Contraloría advirtió de aquello en 2019 y en cuatro oportunidades negó la Toma de Razón por la compraventa, un trámite ineludible para transacciones de esta naturaleza que involucran fondos del Estado.
Fue así como entonces, a espaldas del ente fiscalizador, igualmente se adquirieron los terrenos, presuntamente de manera ilegal.
Una vez que la Contraloría se enteró de la situación que no les fue informada, pusieron los antecedentes a disposición del Ministerio Público, y el persecutor jefe nacional de ese momento, Jorge Abbot, dio la orden de investigar por la presunta defraudación fiscal.
Un proceso lento
El hecho se conoció de manera pública en septiembre del 2020, y en octubre comenzaron las indagatorias, designando a la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que estuviera a cargo del caso y luego de casi cinco años en que se acusó de lentitud e incluso algunos parlamentarios pensaron en pedir el cambio de fiscal, el Tribunal de Garantía de La Serena fijó para este lunes 26 la fecha para audiencia de formalización en torno al bullado Papaya Gate, donde se comunicarán cargos en contra de exfuncionarios del Gobierno Regional, entre ellos la exintendenta Lucía Pinto por el delito de fraude al fisco y adicionalmente en contra de otras cinco personas por delito tributario.
Ese día en el TOP de La Serena, a las 8.30 horas, no solo se comunicará el plazo de investigación, sino también las medidas cautelares y a juicio de Luis Acevedo, abogado del equipo legislativo del senador Daniel Núñez y querellante en la causa, «pediremos la prisión preventiva principalmente para Lucía Pinto y José Cáceres (exadministrador regional) por el delito de fraude al fisco y este último también por negociación incompatible y en cuanto a los demás, están por delitos tributarios, querella que lleva el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado», sostuvo.
También lo harán con Pablo Bracchitta, gerente de las inmobiliarias dueñas de los terrenos.
En cuanto a los delitos, la defensa está presentando una solicitud de sobreseimiento y eso también será discutido en la audiencia, «pero esperamos que se rechace», agrega.
Sin embargo, sostiene que al menos en el caso de los tres «sí pueden quedar en prisión preventiva, considerando no solo la gravedad de las penas, sino también el perjuicio causado».
Por el fraude al Fisco las penas parten en los cinco años y un día, amén de la negociación incompatible, «por lo tanto existe un tema de número de delitos y los tres tienen pena de crimen, ya que hay más de una falta y la gravedad también es relevante. Además, el número de partícipes nos da a entender que se cumplen los requisitos para la prisión preventiva», afirma.
Explica, además, que se verá la naturaleza y gravedad del delito.
«La gravedad del delito en general se mide por la pena y acá la pena, como parte en 5 años y un día, es de crimen. Y en cuanto a la naturaleza del delito, apunta a fraude al fisco y, además, al perjuicio causado».
En cuanto a la estrategia de la defensa y la posibilidad de que puedan pedir más plazos, apunta que «ya presentaron un escrito pidiendo reagendar la audiencia de formalización, pero el tribunal se la rechazó. Luego de eso repusieron y el tribunal nuevamente se lo rechazó. Probablemente en la audiencia van a insistir con el punto. En particular, uno de los abogados, que es el de Lucía Pinto, insistirá, pero esperamos que el tribunal mantenga el mismo criterio y se realice la audiencia».
