36 personas de la toma La Rinconada Coquimbo fueron formalizadas por el delito de usurpación de propiedad privada, en una audiencia realizada la mañana de este jueves en el Tribunal de Garantía de la comuna puerto. En la instancia, la magistrada negó el desalojo solicitado por el Ministerio Público y la parte querellante, decretando 120 días para la investigación. En las afueras del recinto donde se imparte justicia, hubo gritos de festejos en favor a la toma, aunque un puñado de vecinos en contra de la ocupación ilegal también se hicieron presente, plasmando un evidente descontento por todo lo que sucede en la actualidad en ese sector de la Rinconada del Sauce.
La mañana de este jueves, representantes de casi 40 familias de la toma del sector La Rinconada, en el sector El Sauce, llegaron hasta el Juzgado de Garantía de Coquimbo para ser formalizadas por el delito de usurpación de la propiedad privada. A esa misma hora protestaba otro centenar de personas integrantes también de la polémica toma en las afueras del Juzgado, ya que alegan no haber sido considerados en la citación judicial.
En otras palabras, querían autodenunciarse. «En la toma somos 258 familias entre los dos paños y no 40», decía Yanett Araya, dirigente de la toma. La representante asegura que el pasado 6 de abril, patrullas de Carabineros llegaron hasta la toma con su equipo especializado de allanamiento con el objetivo de llevar a cabo un empadronamiento que había sido autorizado por el dueño del terreno.
«La idea era ver si existían dentro de la toma cosas ilícitas, como droga o armas, cuestión que no pudieron comprobar. Lo cierto es que no sé en realidad si haya sido prudente la forma en que registraron las chozas, pues desarmaron varias de mala manera, dieron vuelta sillones y colchones, pensando que se encontrarían con un montón de narcotraficantes», agrega la mujer.
Según cuenta la dirigente muchos habitantes de toma tuvieron que regresar al sitio esa mañana, ya que se encontraban afuera de la toma. Les pidieron carnet de identidad a todos, donde habrían verificado antecedentes en las hojas de vida, mientras el fiscal de turno se habría llevado una serie de documentos de las distintas directivas del campamento.
El reclamo hace referencia que hace algunas semanas, solo fueron notificados 42 de las presuntamente más de 250 personas que viven en el lugar.
«Nosotros nos acercamos hasta la comuna de Vicuña donde se suponía estaba la sede de la empresa, y nunca fue así, no encontramos a nadie, buscamos mesas de diálogo y nada, ahora último, entiendo que ellos (empresa) no tienen ninguna voluntad de vender los terrenos, por eso es que llegamos a estas instancias».
A minutos de la formalización de algunos líderes de la toma del terreno privado perteneciente a la Inmobiliaria El Olivar Limitada, se armaba un contexto de mucha incertidumbre entra la gente que llegaba hasta el centro de Coquimbo a seguir la audiencia.
«La toma unida,
jamás será vencida»
Con globos blancos y pancartas se hacían sentir. «La toma unida, jamás será vencida», decían a coro al saber la decisión del juez de que por ahora no hay desalojo. La magistrada Alejandra Corvalán estimó desproporcionada la medida cautelar de desalojo, solicitada por el Ministerio Público y la parte querellante.
«Es importante considerar que se trata de una medida que es extremadamente gravosa en estas circunstancias. Cabe señalar que respecto de toda medida cautelar, además de hacer un análisis de los supuestos materiales y de la necesidad de cautela, se requiere hacer un análisis de idoneidad si hay proporcionalidad en sentido estricto», dijo la jueza.
«De esta manera, no se cumplen dichos presupuestos de proporcionalidad en sentido amplio, ya que la medida solicitada por parte del Ministerio Público implica una afectación grave a los imputados y sus familias (…) se trata de una medida que significa el desalojo del lugar que actualmente están habitando familias completas, afectando considerablemente la vida de dichas familias sin que exista una sentencia firme y ejecutoriada, afectando así el principio de inocencia», razonó la magistrada Alejandra Corvalán
Asimismo, la jueza desestimó la solicitud del Ministerio Público de dictar orden de arresto de los imputados que no se presentaron a la audiencia y ordenó que fuesen correctamente notificados. (Eran 42 los citados en una primera instancia).
Cabe recordar que fue este verano cuando irrumpieron estas familias en un terreno que dicen estaría abandonado hace 25 años. El 14 de enero llegó una decena de hombres y mujeres para usurpar dicha propiedad, donde realizaron divisiones, se instalaron con mediaguas y algunas carpas con la típica bandera chilena. Son las parcelas 135 y 136 de la etapa II del proyecto de parcelación de la comunidad La Herradura, ubicados en el sector Rinconada de la comuna de Coquimbo. Ocupación ilegal que incluye actos de «señor y dueño», consistente en la división informal del terreno y construcciones de viviendas de material ligero destinadas a la habitación.
Así pasaron y pasaron los meses y estas familias comenzaron a tener una vida normal en el lugar a pesar de la presión que había en la prensa. Aunque no han estado ajenos a polémicas, ya que la comunidad que colinda con la toma asegura que el sitio se llenó de inmigrantes indocumentados y de riñas donde la droga y el alcohol son los protagonistas. Es más, muchos aseguran que incluso en la semana nadie viviría en el lugar, y que solo los fines de semana el sitio es altamente ocupado por estas personas.
«Queremos una solución habitacional y que no nos echen a la calle, acá se han dicho muchas cosas, que somos delincuentes, que somos todos inmigrantes (…). Nosotros estamos conscientes de que esto es ilegal, ninguna toma es legal, no somos tontas ni tontos, pero acá hay gente pasando penurias por años en los comités de vivienda. La comuna de Coquimbo no tiene terrenos para construir casas, y los pocos terrenos no cuentan con agua ni alcantarillado», dice Claudio, otro de los dirigentes presentes.
Lo cierto es que los terrenos de la toma de La Rinconada del Sauce tampoco están aptos en agua ni en un sistema de alcantarillado. Pero estas familias aseguran que cualquier es mejor a pagar arriendos de 400 mil pesos y con una inflación por las nubes.
«Hemos sido pisoteados por el alcalde, nos han negado todo, no saben que en la toma hay gente de trabajo pero que gana el mínimo. Se han dado el lujo de negarnos el retiro de basura, solo queremos dignidad, hay gente pasando frío y muchos hambre», sentenció el representante.
