«Formalmente no existe un proyecto aprobado ni un mecanismo ni recursos para estos fines»

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Administrador municipal, Luis Henríquez, cuenta que compromiso de la exministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, de entregar recursos para la remodelación, no «se concretó en términos formales» y hoy «estamos trabajando para que exista un aporte gubernamental que nos ayude a llegar a buen puerto con este rescate».

Por ahora, sólo palabras de buena crianza. Voluntad y buenas intenciones, pero de contrato, nada. ¿Y dinero? Menos. Así, difícilmente se pueda concretar el arriendo del excine Centenario, noticia que el año pasado generó todo un movimiento social comunitario en post de su rescate.

Originalmente se partió en 10 millones, que era la oferta inicial. Después bajó a 7.5 millones y debido a las gestiones del alcalde Roberto Jacob, se aprobó la idea del subarriendo a la empresa Inversiones Alta Cruz Ltda, que en 2020 le alquiló el teatro al arzobispado, en 4.7 millones mensuales.

Buenas noticias, que incluso alabó la ministra saliente de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, en su visita a la zona el año pasado, además de comprometer recursos como cartera para su restauración.

«Desde un comienzo se señaló que a este inmueble hay que hacerles mejoras y eso significa recursos importantes, por lo que vamos a necesitar la colaboración ya sea del gobierno regional o del ministerio de la cultura y las artes», dijo Luis Henríquez, administrador municipal de La Serena.

Sin embargo, de eso hoy nada, «porque cuando la ministra estuvo, junto con el seremi, expresaron la voluntad de querer colaborar con este rescate patrimonial, pero lamentablemente ya no están en ejercicios y eso no se concretó en términos formales. En tanto, estamos esperando la instalación de las nuevas autoridades para replantear nuevamente la necesidad de trabajar en conjunto y colaborar en todo lo que signifique disponer del excine Centenario como un centro cultural para la comunidad de La Serena», comentó.

Insiste en que «todo quedó en buenas intenciones, pero formalmente no existe un proyecto aprobado ni un mecanismo ni recursos para estos fines, por lo que debemos replantear nuevamente a las nuevas autoridades e invitar al GORE a que en conjunto podamos abordar esta solución. Lo fundamental es poder contar con apoyo en financiamiento por parte del Estado para poder realizar esas inversiones, de lo contrario no estaría muy al alcance nuestro debido a la cuantía de dineros que se necesitan para poner en funcionamiento este inmueble»

Respecto a los montos, reconoce que no tienen una estimación inicial, pues lo que se necesita dependerá del uso y el objetivo que se quiera alcanzar.

«Y eso depende de la fuente de financiamiento que podamos acceder, pero -por lo bajo- para dejar utilizable el recinto no es menos a los 200 millones de pesos, y la reposición o la habilitación del mismo no costará menos de 800 millones, entonces son recursos que por sí solos la municipalidad no puede concurrir responsablemente, y justamente por eso hemos estado trabajando para que exista un aporte gubernamental que nos ayude a llegar a buen puerto con este rescate».

Lo que si aclara Henríquez, «porque también se ha generado una controversia al respecto», es que hasta el momento no existe ningún contrato «y justamente no se ha suscrito porque estamos haciendo los análisis, estamos viendo que todo lo que se vaya a concretar, efectivamente, tenga la garantía de que estarán resguardados los intereses municipales y no existirá un daño patrimonial con los recursos que se invierten».

Si no logran recursos del Estado «podemos explorar otras alternativas, pero obviamente se haría más dificultoso el uso de este inmueble para los fines que buscamos, que en la práctica es que efectivamente allí puedan desarrollarse y expresarse las distintas disciplinas el arte y la cultura».

Un informe de Contraloría, tras una presentación de los concejales Daniela Molina y Camilo Araya, puso en aprietos al municipio. Particularmente, el cuestionamiento de ellos era resolver si efectivamente la municipalidad, con recursos propios, podía invertir en un terreno privado…

A juicio de Henríquez, lo que el órgano contralor resolvió es que «efectivamente nosotros estamos facultados para suscribir contratos de arriendos, de hecho tenemos varios inmuebles donde funcionan dependencias municipales, y lo segundo es que de una manera excepcional, con el fin de cumplir los objetivos que la municipalidad tiene en cuanto a funciones que la ley le consagra, donde está el desarrollo y promoción de la cultura, se puede llevar a cabo inversiones…».

Lo que sí advirtió la Contraloría, «y algo que también tenemos previsto», es que las condiciones en las cuales se lleven a cabo esas inversiones no pueden lesionar los intereses ni el patrimonio municipal, «así que debemos tomar todos los resguardos para que estas inversiones perduren en el tiempo para los fines los cuales se van a utilizar».

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