Una de las herencias de la administración anterior que tuvo la gobernadora regional Krist Naranjo son los cuestionados terrenos involucrados en el mediático caso del Papaya Gate, en donde es investigada la ex intendenta Lucía Pinto por presunto fraude al fisco tras la compra de 61 mil metros cuadrados para lo que sería el complejo deportivo San Ramón.
El mediático caso del Papaya Gate, que surgiera luego que el Ministerio Público, por indicación de la Contraloría, iniciara diligencias para esclarecer el presunto delito de fraude al fisco, luego que la ex intendenta Lucía Pinto (militante UDI), y ex funcionarios del gobierno regional, adquirieron un terreno de 61 mil metros cuadrados por $ 9.800 millones a una empresa inmobiliaria, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones y los intentos previos de compra habían sido rechazados por el ente contralor. Los paños ahora fueron heredados al nuevo gobierno regional.
A un año que se conocieran estos hechos, la gobernadora regional Krist Naranjo señala que «es lamentable que la función pública se use por funcionarios o por autoridades para fines personales, la gestión pública debe ceñirse a los objetivos del Estado y al servicio de nuestras comunidades, hay que reconocer que las instituciones competentes están aún en proceso de indagación e investigación».
«Así la Contraloría y el propio Ministerio Público desarrollan procesos que esperamos pronto resulten en el esclarecimiento total de lo acontecido, cursándose las sanciones que ameriten respecto de los responsables, ir con transparencia es uno de los focos importantes de mi gobierno», agrega.
Consultada si era posible cuantificar el impacto en las arcas del Gobierno Regional, sostiene que «desde luego que es posible, es uno de los resultados esperados del trabajo investigativo que hoy desarrolla Contraloría y el Ministerio Público, sin perjuicio de ello, hemos dispuesto instancias internas de auditoría que también se encuentran en proceso».
En relación al futuro del terreno de San Ramón, señala que «actualmente el terreno es un bien público, y del cual estamos analizando su destino comunitario».
Tras el destape del caso, Naranjo señala que «nuestro gobierno, y en particular mi equipo, ha debido abordar un volumen de trabajo inmenso que viene marcado por las necesidades que se presentan tras el estallido social, la pandemia, el teletrabajo y la instalación de esta nueva institucionalidad».
«Si a eso agregamos, las postergaciones que muchos ítems de trabajo sufrieron a consecuencia del descuido de autoridades anteriores, se podrá entender que hemos debido implementar fórmulas más ágiles, eficaces y eficientes para asumir la gestión pública. La impecabilidad en los protocolos, en este momento, es esencial para nuestra gestión», cierra.