Proyecto Inocentes es una iniciativa creada el año 2013
para dar a conocer casos de personas que han estado injustamente encarceladas, además de identificar las causas de los errores que llevaron a esa injusta privación de libertad.
En 2019, Patricio Araya (26) fue detenido por desórdenes y maltrato a Carabineros en medio de una manifestación en Coquimbo. Finalmente, videos y fotografías demostraron que era inocente y fue dejado en libertad.
El suyo no es un caso aislado. De hecho, son muchas las historias de inocentes que terminan presos, producto de un sistema policial y judicial lleno de lagunas.
A nivel nacional, sólo en 2019, y en medio del estallido social, hubo 2.800 personas detenidas y luego dejadas en libertad porque no eran responsables del delito que se les estaba imputando. 524 de ellos estuvieron más de 6 meses en prisión preventiva.
«Es una cifra muy alta, y en el caso regional te puedo contar que en el año 2019 tuvimos a 120 personas que estuvieron privadas de libertad y fueron declaradas inocentes, al año siguiente esta cifra bajó a 58 personas, porque debido a la pandemia se suspendieron muchos casos», contó Inés Rojas, Defensora Regional de Coquimbo y del Proyecto Inocentes, iniciativa creada en 2013 con el objetivo de dar a conocer casos de personas que han estado injustamente encarceladas.
Y lo otro importante, destaca, «es que a través de estos casos podemos identificar las causas de los errores que llevan a estas personas a estar injustamente encarcelados».
Cifras que alarman
Las cifras a nivel nacional son hasta escandalosas, pues desde el año 2000, cuando parte la reforma procesal penal, han sido -hasta hoy- 35 mil las personas que han estado en prisión preventiva y posteriormente declaradas inocentes por parte de los tribunales.
«Son números que nos alarman y preocupan, porque todos sabemos las graves consecuencias que provoca para una persona estar encarcelada. Porque además de los problemas psicológicos y los riesgos para la integridad física, nos hemos encontrado que una vez que las personas recuperan su libertad, tienen problemas de acceso, por ejemplo, a tener un trabajo, porque muchas veces estos casos han sido difundidos por los medios de comunicación y en Chile no existe una ley que permite el derecho al olvido y que te eliminen del internet estas informaciones que salieron en algún momento. Entonces se le provoca mucho daño a la persona que está en la cárcel, desde un día a prisiones preventivas que duran meses».
Respecto a qué ocurre con estas personas que salen de prisión, la defensora explica que «la Defensoría Pública no puede realizar acciones contra el Estado, así que como una forma de ayudar se hizo un convenio con la Fundación Probono, que son estudios jurídicos que de manera voluntaria y gratuita acceden a tomar representaciones de causas para hacer demandas al Estado».
Adrián Zarricueta
Uno de los casos emblemáticos es el de Adrián Zarricueta, quien fue «injustamente privado de libertad y acusado de un delito grave, por lo que estuvo 79 días detenido y hace un corto tiempo nomás se emitió una sentencia definitiva que accede a pagar una indemnización por parte del Estado de 40 millones de pesos», avisó Rojas.
Su caso comienza en 2013, cuando es detenido y formalizado por el delito de robo con violación en La Serena, a causa de la acusación de una joven que había sido atacada mientras viajaba en un colectivo con destino a Peñuelas y lo identificó como su agresor. Meses más tarde e incluso con el resultado del examen de ADN que Adrián había accedido a realizarse mientras se realizaba la audiencia de formalización, se demuestra la inocencia del imputado y este queda en libertad tras pasar casi tres meses en prisión preventiva.
Cuatro haitianos
En agosto del año pasado, cuatro haitianos fueron detenidos en una fila afuera de las oficinas de la AFP Planvital en el centro de La Serena, por una supuesta falsificación del permiso temporal.
Estuvieron 24 horas prisioneros en un cuartel policial, e incluso acusados de atentar contra la salud pública. Sin embargo, estas personas fueron sobreseídas definitivamente en sus causas, al constatarse que eran completamente inocentes.
Aquella mañana, los cuatro ciudadanos caribeños exhibieron sus permisos de desplazamiento temporal, obtenidos previamente a través de la página web Comisaria Virtual. Pese a que todos los documentos decían ‘permiso para pagar servicios básicos, cobros de pensiones, subsidios u otros’, los funcionarios policiales aseguraron que eran falsificados, de modo que los cuatro fueron aprehendidos y trasladados a la Primera Comisaría de Carabineros de La Serena.
Allí permanecieron detenidos hasta el día siguiente, en espera de la audiencia de control de detención en el tribunal de garantía.
«Cuando terminó la causa esperaba que la Fiscalía y Carabineros nos pidieran disculpas. Lo merecemos por todo el daño y perjuicio que nos hicieron. No hicieron bien su trabajo, se burlaron de nosotros», señaló uno de ellos.
En el caso de estos extranjeros «se lograron hacer las diligencias necesarias para poder acreditar que esos permisos eran los otorgados por la Comisaría Virtual y finalmente se declaró ilegal su detención, por lo que podrían realizar una demanda civil en contra del Estado», sostuvo Rojas.
Felicinda Palma
De índole nacional fue lo que pasó con Felicinda Palma, mujer detenida cuando fue a denunciar un delito en la PDI, en Santiago.
Tras ver su identificación se le informó que tenía una orden de detención pendiente por un delito cometido en la región de Coquimbo.
A pesar de que trató de explicar que nunca había estado allí, fue trasladada hasta el tribunal (viaje que demoró 3 días) y fue condenada. Tras años de litigios logró ser indemnizada con 40 millones de pesos por una demanda contra el fisco, ya que la verdadera autora fue su hermana, que usurpó su identidad.
Estallido social
Con el estallido social hubo muchas personas encarceladas y otro número de casos sobreseídos. En 2020 la mayoría de las causas se suspendieron, «así que con muchos de estos jóvenes sus causas irán terminando y en otras habrá declaraciones de inocentes, como el caso del joven detenido en Coquimbo por supuestamente agredir a un oficial de Carabineros, y de hecho ya lo estamos postulando al Proyecto Inocentes, porque creemos que se cumplen los requisitos para que pueda estar publicado en nuestra página web, al igual que el caso de los tres inmigrantes haitianos que fueron detenidos por no contar con el permiso que los autorizaba a circular, pero que si lo portaban en sus celulares…».
