Magistrado Daniel Urrutia lo hizo en el Juzgado de Garantía de ambas ciudades, entre 2003 y 2005. El aspecto esencial de su trabajo se ha centrado en los Derechos Humanos.
Daniel Urrutia Laubreaux, juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, hoy es protagonista de una polémica que remece al Poder Judicial, luego que otorgara ciertos beneficios a reos relacionados al Tren de Aragua.
¿Qué pasó? El 22 de enero ordenó a Gendarmería autorizar que nueve internos del Repas -ex Cárcel de Alta Seguridad- realizaran videollamadas a familiares y parejas.
La decisión alertó a la institución, ya que era inviable controlar que terceros intervinieran en los llamados por video. Presentaron un recurso de hecho en la Corte de Apelaciones de Santiago, actualmente en tramitación. Entonces, Urrutia afirmó que si no se cumplían las resoluciones judiciales, «cerremos por fuera y que hagan todos lo que quieran».
Pero, ¿quién es Daniel Urrutia?
De acuerdo con información en el sitio del Poder Judicial, Daniel Urrutia Laubreaux ingresó al servicio público en marzo del 2000.
Si bien inició su trabajo en el Juzgado de Garantía de la localidad de Freirina en 2001, en enero de 2003 fue promovido a Juez de Garantía en Ovalle y en diciembre de 2004 se desempeñó como juez en la ciudad de Coquimbo. Desde 2006 es el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Según consignó el medio Ex-Ante, el 8 de abril de 2004 la Corte Suprema autorizó a Urrutia, entonces juez de Garantía de Coquimbo, asistir a un diplomado en Derechos Humanos.
Urrutia aprobó el curso y el 30 de noviembre de ese año envió a la Corte Suprema su trabajo final, donde proponía al Poder Judicial adoptar medidas de reparación por su rol en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Un año después, en 2005, el tribunal de apelación de la IV región decidió sancionar al juez con una «censura por escrito». La que luego de una apelación, la Corte Suprema la redujo a una «amonestación privada» y lo anotó en su hoja de vida.
Dos años después fue amonestado nuevamente por unas diferencias de opinión en una diligencia probatoria del denominado «caso quesitos mágicos». Luego acusó una persecución en su contra y acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se exilió en México por tres años, donde hizo clases en la Universidad Autónoma de Chiapas…
Otros casos
Desde el gobierno no han quedado indiferentes al accionar del juez, y el ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó el día de ayer que la polémica resolución «está al margen del derecho».
Como gobierno, dijo que durante 2023 «se aprobaron dos modificaciones al Código Penal muy importantes, que establecen que el ingreso y la tenencia de teléfonos celulares no autorizados por Gendarmería de Chile al interior de los recintos penitenciarios es un delito», explicó el secretario de Estado.
Dicho caso no es el primer hecho polémico que se relaciona con el juez. En años anteriores, Urrutia fue partícipe en el litigio de quitar la prisión preventiva para trece imputados por delitos cometidos tras el estallido social, cambiando la medida cautelar por la de arresto domiciliario total.
