A un año de su implementación, explica Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, que lo más complejo son la denuncias que vienen desde los trabajos informales.
Por René Martínez Rojas
Hace uno meses hizo un compromiso con las y los trabajadores de la región y ayer regresó para cumplir con su palabra, pero con los estudios en la mano respecto al convenio 190 y la implementación de la Ley Karin.
Aquella vez, Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), se reunió con dirigentes de la salud, educación, transporte, empleadores y con el mundo informal «e hicimos un compromiso de volver cuando estos estudios estuvieran listos para difundir los resultados…».
Y hoy, luego del último informe de la Dirección del Trabajo, «un 80% de las denuncias de la región de Coquimbo corresponden a acoso laboral, un 13% a violencia de externos, que también lo contempla la legislación, y un 7% a acoso sexual, que podríamos decir son los casos más graves que tenemos en el mundo laboral».
Admite que el estudio lo que refleja principalmente de la región «es que hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que no están contemplados en la ley, no tienen protección alguna y me estoy refiriendo al trabajo informal. Esta región contempla mucho trabajo de temporada, sobre todo en los interiores; trabajo también en ferias, en el mundo de la cultura y otros que mostraron fuertemente que hoy no había ninguna capacidad de respuesta frente a temas de violencia en ese sector».
Lo segundo que se reflejó es que estas denuncias afectan principalmente a mujeres.
«Incluso, el porcentaje es mayor al nacional, pues son 71% de denuncias respecto a situaciones de acoso y maltrato, mientras que el nacional es de 68%. Y eso marca un grado de discriminación y vulneración frente a esta situación».
Desde la perspectiva del tema que se está abordando se han planteado una serie de medidas concretas que como CUT hicieron llegar, «pues somos parte del informe de la memoria que construye Chile respecto al convenio 190 y que manda la OIT, donde planteamos medidas, por ejemplo, que tengan relación con la necesidad de iniciar planes de formalización de trabajadores y trabajadoras, un rol mucho más claro del Estado frente a una situación como la violencia de terceros en el caso de los informales, y obviamente la sindicalización o la organización de las y los trabajadores».
Eso demuestra –explica- que donde existe un sindicato, donde existe una organización, «es mucho más fácil abordar mejoras en las condiciones laborales y ese es el llamado que hoy está haciendo la CUT al mundo informal, que es a organizarse y a construir sus demandas a partir de este proceso de sindicalización».
A un año de la implementación de le Ley Karin, como CUT reconocen que exista una legislación entrega un paraguas de protección a las y los trabajadores, debido a que «hoy todos los centros de trabajo, públicos o privados, hablan de la violencia. No hay que olvidar que la ley exige que existan protocolos, tanto de prevención como de hacer las denuncias, y creemos que eso es un avance».
Aunque también reconoce que a un año «tenemos un tremendo problema, que es entregar una respuesta acotada en tiempos a la cantidad de denuncias que se han presentado. Esto, porque el dato que nos entrega la Dirección del Trabajo son 44.212 denuncias presentadas a nivel nacional, principalmente por acoso laboral. Eso genera un atochamiento, que los plazos no se respeten y es uno de los desafíos que arroja el estudio y que nos está mostrando la evidencia de la realidad, de que hoy existe un atochamiento respecto a las denuncias».
