Madrastra de Marco Antonio es enviada a Huachalalume, tras amenazas de muerte

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Debido a una serie de amenazas verbales sufridas al interior del Centro de Detención en la provincia de Limarí, la imputada fue trasladada a la cárcel de Huachalalume para mantener a salvo su integridad. El juez catalogó que su libertad corresponde un peligro para la sociedad y decretó prisión preventiva con tres meses de investigación como plazo.

Golpes con cinturón, cuchara de madera, y puños y pies, le habrían provocado la muerte al menor por un edema pulmonar traumático. Exámenes arrojaron múltiples lesiones faciales y corporales, incluso en su zona genital.

La imputada se encontraría en «condiciones sicológicas devastadas», según su abogado. El padrastro de Marco Antonio, quien trabaja en minería, fue alertado por teléfono de la desgracia, ya que iba viajando hacía Calama en la jornada del martes.

EL COMIENZO DE LA HISTORIA

En el año 2003 la joven pareja se conoció y decidieron unir sus vidas. Una relación que se consagró recién en el 2017 cuando se casaron por el civil. Sin embargo tuvieron que lamentar la triste noticia de la imposibilidad de no tener hijos propios, así que decidieron adoptar a dos hermanos pertenecientes a hogares de menores del Sename, con el objetivo de formar una familia.

Fue en la región de Valparaíso, específicamente en la ciudad de Viña del mar, donde este matrimonio pudo cumplir el sueño de convertirse en padres. Una vez marido y mujer, se dirigieron a esa zona, para adoptar al pequeño Marco Antonio y a su hermanito menor
Tras una serie de trámites en el juzgado de menores de Viña del Mar, más toda la burocracia que significa adoptar un niño en Chile, concretaron la custodia total de estos niños, que como mencionó LA REGIÓN en la edición de jueves, estuvieron separados prácticamente toda su infancia en distintos recintos del Servicio.

Según lo expresado en la formalización, el hombre fue avisado de los lamentables hechos mientras viajaba en bus hacia la ciudad de Calama, lugar donde se desempeña como minero de faena desde el año 2007. La imputada lo habría llamado en horas de la tarde del martes 20 de abril señalando que el niño presentaba problemas respiratorios, que había tomado agua y se había presuntamente ahogado. «Está vomitando», relató el fiscal en la audiencia.

Al cortarse la llamada, decidió comunicarse con su madre, quien es vecina de su casa en el sector Canchas de Higuerita. Es ahí donde le pide acudir al inmueble ya que Marco había tenido un «accidente». Tras minutos de gritos y desesperación, la abuela paterna junto a su pareja, se dirigieron al pasaje estéreo de la población mencionada, donde se percataron de la terrible escena.

Fue la abuela, junto la imputada, quienes llevaron al menor al Cesfam Sur de Punitaqui en una camioneta.

Antes intentaron reanimarlo con respiración boca a boca, con indicaciones por teléfono a kilómetros de distancia del padrastro. También llamaron a carabineros y en dos instancias, la acusada confesó el crimen según lo mencionado en el parte policial.

La enfermera que recibió a la víctima en el VOX, habría señalado que Marco llegó muerto a dependencias del centro de salud, por lo menos tenía dos horas de fallecido.

El fiscal relataba que incluso existían marcas de golpes anteriores a las del martes, cuestión refutada con la familia. «A lo más un palmazos en los glúteos le pegaban, pero normal como a todos los niños», habría señalado el padre.

PELIGRO PARA LA SOCIEDAD

Cómo uno de los delitos más graves que la ley chilena contempla, calificó la defensoría de la niñez, el crimen de Canchas de Higuerita en la comuna de Punitaqui. El fiscal jefe de Ovalle y representante del Ministerio Público, exhibió fotografías en la audiencia que datan de la alevosía con que fue asesinado Marco Antonio. Por razones obvias, fueron censuradas para la transmisión oficial que realizó el poder judicial.

«Queremos sumarnos a la petición de prisión preventiva, no solo por la gravedad de la pena asignada a este delito, porque se constituye uno de los hechos más graves que contempla nuestra legislación penal, a viva cuenta quien conociendo el vínculo en este caso materno, lo que hace es abusar de él probando agresiones violentas como la se exhibieron por el ministerio público», mencionó Patricia Muñoz de la Defensoría de la Niñez.

Tras dos horas de formalización, el juez decidió acoger la petición de fiscalía y determinó prisión preventiva durante 90 días para Javiera Cabrera, de 33 años, madre adoptiva del pequeño Marco, de 7 años. Resultando la mujer imputada por parricidio, uno de los delitos con mayor gravosidad en el código penal chileno.

El diagnóstico de la víctima, fue un edema pulmonar traumático a consecuencias de los golpes propinados con pies y puños y con una cuchara de palo y un cinturón, según señaló el fiscal jefe de Ovalle, Carlos Jiménez.

AMENAZAS

Estos días han sido tormentosos para la acusada de parricidio según comentó el abogado Robin Valenzuela, quien asumió la defensa del caso. Relató que la imputada presenta condiciones sociológicas devastadas, producto el impacto emocional del hecho. No obstante, ha recibido en concreto dos amenazas de muerte por parte de internas del Centro de Detención de Ovalle.

Y es que el recinto no cuenta con segregación entre imputadas y condenadas, por lo que la vida de la mujer se contraría en peligro. En esa línea, pidieron el traslado de inmediato a la cárcel de Huachalalume, cuestión aceptada por el magistrado.

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