Luego de tres días de juicio oral, el tribunal declaró culpable al acusado de asesinar al joven la madrugada del 6 de julio de 2025. La familia valoró que se descartaran las atenuantes planteadas por la defensa.

Por René Martínez Rojas

Luego de tres días de juicio oral, la familia de Bastián Vargas escuchó con atención el veredicto condenatorio en contra del imputado que asesinó a su hijo la madrugada del 6 de julio de 2025.

Si bien la sentencia se conocerá en unos días, también por un homicidio frustrado, hecho ocurrido un día antes, para Georgina Sepúlveda por fin un momento de tranquilidad. Aunque, como advierte, también han sido días complejos, «pues no sé de dónde sacamos tanta fortaleza. Y todo eso te afecta demasiado».

Relató que durante estos días debió enfrentar momentos muy complejos, como observar los registros audiovisuales del crimen y encontrarse cara a cara con el acusado.
«Son cosas muy difíciles las que vivimos, como ver los videos y verlo a él, que se riera de nosotros…», manifestó.

La Fiscalía solicitó una pena de 20 años de presidio por el homicidio consumado y otros siete años por el homicidio frustrado. Por lo pronto, la familia espera que el tribunal considere la gravedad de los hechos y aplique una sanción cercana a lo solicitado.
«Ahora solo queremos que la justicia haga bien su trabajo», expresó.

Un largo proceso para la familia

Además, recordó la madre que, desde el inicio, se involucró activamente en la búsqueda de antecedentes y en la reconstrucción de lo ocurrido. Para ello, viajó en reiteradas ocasiones desde Monte Patria.

«Yo investigué en la avenida Cuatro Esquinas. Me juntaba con los que acomodan autos, con los de la calle. Quizás por eso no he vivido mi duelo, porque he estado muy presente en la investigación, viajando y siempre quisimos estar acá de manera presencial, porque se lo debía a mi hijo», afirmó.

Mientras, la abogada querellante Ana María Araya valoró que el tribunal acogiera la tesis de la acusación y estableciera que el homicidio fue consumado. También destacó que fueran rechazadas las atenuantes invocadas por la defensa respecto de este hecho.

«Logramos establecer dos circunstancias bastante relevantes para la determinación de la pena. Las atenuantes que argumentó la defensa fueron absolutamente rechazadas», explicó.

Según la profesional, esta decisión abre la posibilidad de que el acusado reciba una pena alta y cercana a lo solicitado por el Ministerio Público y la parte querellante.

«En la acusación, el Ministerio Público hizo una propuesta punitiva de presidio perpetuo, a la que nosotros adherimos. Sin embargo, la litigación permitió establecer qué circunstancias no eran aplicables al homicidio consumado, aunque sí fueron consideradas respecto del homicidio frustrado», precisó.

Y añadió que esta diferencia obliga a sancionar ambos delitos de manera independiente.
Si bien el tribunal puede rebajar la pena, apuntó que «se presentaron antecedentes que dicen relación con la existencia de delitos anteriores en el país de origen, lo que efectivamente tiene una repercusión en la aplicación de las atenuantes aun cuando sea juzgado en nuestro país».

De acuerdo con Araya, el acusado tendría antecedentes registrados en Venezuela, y habría utilizado identidades falsas.

Asimismo, el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad de la Fiscalía Regional, Ricardo Soto, aclaró que, para poder acreditar esos hechos, «la Fiscalía presentó una serie de pruebas a lo largo del juicio, consistentes en declaraciones de testigos presenciales de los hechos y registros de cámaras de seguridad, que daban cuenta de la participación del imputado en ambos hechos y, además, análisis de tipo pericial y declaración de funcionarios policiales de la PDI…».