Un sobre blanco, dirigido al Presidente Gabriel Boric, fue entregado este jueves en la Delegación Presidencial de Coquimbo. Dentro, una carta firmada por matronas de todo el país, con una petición concreta: revisar el Decreto Exento 243 del Ministerio de Salud. Afuera, estudiantes, docentes y profesionales del área se manifestaban con pancartas y consignas.
Por Joaquín López B.
El decreto, publicado en abril, establece una nueva clasificación para los hospitales públicos según su complejidad. Con ello, redefine la estructura de los servicios clínicos, integrando áreas como ginecología y neonatología en unidades más amplias, como medicina quirúrgica y pediatría. Desde el gremio de matronas, esto ha sido interpretado como una disminución de su participación en la atención directa de salud sexual y reproductiva. El Ministerio, por su parte, ha señalado que la modificación busca ordenar la red asistencial y responder a los cambios demográficos y epidemiológicos del país.
Patricia Álvarez, vicepresidenta del Colegio de Matronas de Chile, explicó que el gremio ve con preocupación el cambio de dependencia de los servicios. Según indicó, «en esta modernización, a las matronas no se nos reconoce nuestra labor en ginecología ni en neonatología». Ambas áreas, explicó, quedarían bajo supervisión de enfermería al depender de unidades pediátricas y médico-quirúrgicas, lo que —según afirmó— contradice la Norma 21, que establece que esos servicios deben estar bajo liderazgo de profesionales matronas.
«Con guante blanco nos están sacando», señaló Álvarez, quien sostuvo que este cambio implica una reducción del campo laboral para las egresadas. «Uno entra a una carrera con la expectativa de ejercer. Esto lo venimos discutiendo desde que se eliminó el cargo de matrona en el Ministerio de Salud, en 2022», agregó.
La directiva del Colegio entregó además antecedentes sobre procesos judiciales anteriores, donde han cuestionado normativas similares, e insistió en la necesidad de generar una mesa de diálogo con el Minsal. «Este es un gobierno que dijo que era dialogante», afirmó Álvarez.
Preocupación desde las aulas
La modificación también ha generado inquietud entre estudiantes. Catalina Castillo, alumna de tercer año de Obstetricia en la Universidad Católica del Norte (UCN), expresó que la noticia fue impactante no por el aspecto laboral, sino por lo que representa simbólicamente, pues «fue complejo sentir que me arrebataban un sueño. No es solo un tema de trabajo, sino que se están quitando derechos que las mujeres han luchado por años», dijo.
Castillo advirtió que la nueva estructura podría sobrecargar a equipos ya exigidos. «Nuestra formación es específica, estudiamos cinco años con enfoque en neonatología y ginecología. Si esas áreas se diluyen, se resiente la calidad del servicio», señaló, y agregó que tanto la Federación Internacional de Matronas como la OMS han expresado inquietudes similares.
Su compañera Jael Castillo, también de tercer año, planteó que la atención obstétrica podría verse afectada si se fusiona con urgencias generales. «Una mujer con una hemorragia en embarazo puede terminar esperando en la misma fila que personas con fracturas o heridas graves. No es lo mismo», indicó.
Impacto en la formación y la atención
La directora interina de la carrera de Obstetricia UCN, Katherinne Llevenes, advirtió que los cambios podrían significar un retroceso en estándares históricos de salud pública. «El año pasado cumplimos 190 años de matronería en Chile. Con este tipo de acciones, retrocedemos en logros reconocidos a nivel latinoamericano», señaló.
La académica indicó que la personalización en la atención —particularmente en salud sexual y reproductiva— es un eje central de la formación de matronas. «La idea es transitar hacia un modelo biopsicosocial. Eso requiere espacios diferenciados y seguros para nuestras pacientes», sostuvo.
Finalmente, tanto estudiantes como docentes reiteraron el llamado a que se conforme una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud y el Colegio de Matronas, con el objetivo de revisar el decreto y consensuar criterios técnicos. «No se está pidiendo la salida de ninguna autoridad, sino diálogo», concluyó Patricia Álvarez.
